Dos empresarios implicados en el cártel del fuego, la presunta trama organizada para el amaño de contratos y el reparto del mercado de los aviones de extinción de incendios en toda España y otros tres países, han pedido declarar de forma voluntaria ante el juez Héctor Santamaria, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt.
Se trata del Miguel Ángel Martínez Ridao propietario de Martínez Ridao Aviación SL y de su hijo, Miguel Ángel Martínez Bonilla, representante a su vez de Servicios Aéreos europeos y tratamientos Agrícolas SL (Saeta SL). El magistrado aún no ha señalado la fecha concreta en la que ambos empresarios deberán declarar, aunque fuentes judiciales aseguraban que esta comparecencia no tendría mucho sentido ya que el juzgado acaba de remitir la pieza separada del presunto amaño de los contratos en toda España a la Audiencia Nacional.
Los empresarios investigados, según el juez, integraban como el resto de imputados un «grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero» para repartirse el mercado, pactar los precios de los aviones de extinción de incendios forestales y perpetrar un presunto fraude que podría superar ampliamente los cien millones de euros.
De hecho, Martínez Ridao acaba de adquirir junto a otra de las empresas investigadas, Faasa, 15 aviones de extinción de incendios modelo Air Tractor, que comercializa en exclusiva para Europa la empresa Avialsa T-35, la mercantil valenciana investigada en esta presunta trama.
El magistrado también ha citado a declarar a Francisco Huguet y Emilio Máñez, los lugartenientes en el Camp de Morvedre del exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano. Todos están siendo investigados en esta trama por recibir regalos de la empresa de extinción de incendios aunque, tras la investigación, el juez también imputó a Huguet y Máñez por un presunto blanqueo de capitales y el presunto amaño de programas de actuación integrada (PAI).
