El exgerente de Imelsa y actual diputado del PP en la Diputación de Valencia, Rafael Soler, asegura que su demanda por lo social contra la empresa pública por su despido en julio de 2015 no persigue conseguir una mayor indemnización sino que se limita «a defender mis derechos laborales». El juicio en un juzgado de lo social de Valencia para determinar si se anula o no su despido como gerente de Imelsa se celebró ayer en la Ciutat de la Justicia y quedó visto para sentencia.

Rafael Soler, ha denunciado a la empresa pública de la Diputación de Valencia por no comunicarle «por escrito» el cese de su contrato de alta dirección como gerente de Imelsa y despedirlo cuando estaba de excedencia en el cargo.

Soler, exalcalde de la Pobla Llarga donde actualmente ejerce de concejal, ya fue gerente de Imelsa de 1999 a 2005. En enero de 2015, volvió a la empresa pública de la diputación para sustituir en la gerencia a Marcos Benavent, el exyonqui del dinero entonces en paradero desconocido, y cuando comenzaban a conocerse los primeros detalles del Caso Taula. Tras siete meses al frente de Imelsa, Soler solicitó la excedencia forzosa en su puesto de trabajo el 10 de julio de 2015. El motivo alegado es que acababa de ser elegido diputado provincial por el partido judicial Alzira.

Un informe del director jurídico de Imelsa y la directora del Área de personas y conocimientos, fechado el 13 de julio, aseguraba que la concesión de la excedencia era «obligatoria y comporta la conservación del puesto de trabajo». Ese mismo día, el diputado y consejero delegado de Imelsa, Rafael Pérez, -imputado en el caso Taula- aprobaba la excedencia de Soler como gerente de Imelsa, a sabiendas de que sería relegado por el nuevo equipo de gobierno que tomaba posesión el 14 de julio. Diez días después, el 24 de julio, se acordó su cese en un consejo de administración de Imelsa, en el que participó el mismo Soler, ya que actualmente sigue como miembro de su consejo de administración. Aunque se abstuvo en la votación de su cese «por interés directo».

La magistrada de lo social que enjuició ayer estos hechos no daba crédito a esta rocambolesca historia. Incluso cortó cualquier alusión política durante las intervenciones de los letrados. «No traigan aquí la política y cosas que no tienen que ver», zanjó cuando el abogado de Imelsa intentaba argumentar en su interrogatorio a Soler que «cuando hay un cambio de gobierno hay un cambio de gerente». «O no», le respondió el exgerente de Imelsa, Rafael Soler, durante el breve cuestionario al que se sometió. El abogado que representa los intereses de Imelsa defendió en el juzgado que «no existió ningún despido y, por lo tanto, no hay ninguna nulidad. Simplemente hubo un desistimiento por ambas partes del contrato de alta dirección como gerente de Imelsa, que se aprobó en un consejo de administración en el que Rafael Soler estaba presente». No opina lo mismo el afectado quien pide al tribunal que anule su cese y se le mantenga en excedencia hasta que finalice su mandato como diputado. Y, cuando pida el reingreso, «ya se decidirá, pero lo que han hecho hasta ahora es una chapuza», aseguró a Levante-EMV.