La crisis abierta entre la comisión de garantías de Podemos y la dirección autonómica que lidera Antonio Montiel, con comunicados de una parte y respuestas de la otra, ha acabado por crear un incendio interno de consecuencias todavía imprevisibles.
El órgano encargado de decidir sobre los expedientes internos ha quedado disuelto después de la dimisión en las últimas horas de dos de sus integrantes, en concreto Antonia González y Juan Carlos Carbonell, ambos expertos en Derecho, y que se unen a otra anterior, la de José Tomás Beltrán.
Además, la presidenta, Teresa Díaz, también ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que acusa a la dirección autonómica de tener actitudes que dificultan la democracia interna.
El motivo de los dos últimos abandonos viene provocado por la disconformidad con la respuesta que la dirección autonómica ha dado a la denuncia de irregularidades en las contrataciones que había realizado el partido.
Un lío interno en toda regla que llega en plena época precongresual y con las distintas facciones internas tomando posiciones de cara a los congresos clave de febrero y primavera, el segundo en el ámbito autonómico y en el que todo apunta a que el liderazgo del propio Antonio Montiel tendrá contestación interna.
La decisión de la presidenta del comité de garantías, Teresa Díaz, de denunciar públicamente actitudes antidemocráticas de la dirección y reprochar que no aceptan aquello que les incomoda, es matizada por los dimisionarios que la atribuyen a una iniciativa realizada a título personal.
Deslegitimación y difamación
Sin embargo, según un escrito de la secretaría de la comisión de garantías, Susana Zarzoso, persona cercana a Sandra Mínguez (destituida por Montiel este verano como secretaria de Organización) el malestar de esta especie de tribunal interno con el Consejo de Coordinación, la dirección del partido, es importante. En él se reitera que la dirección se ha comportado de forma antidemocrática porque no ha utilizado los mecanismos establecidos en los estatutos del partido. Así, se reprocha al órgano ejecutivo del partido que haya optado, no por el recurso, para lo que le facultan los estatutos, sino por la deslegitimación y la difamación a través de la prensa del órgano que ha emitido la resolusión crítica, en este caso la comisión de garantías. Según la secretaria de la comisión, la obligación de este órgano es aplicar los estatutos y el código ético a todos los inscritos en Podemos.
Posible protesta ante las Corts
Varias fuentes consultadas por este diario apuntan que el malestar existente ha provocado incluso que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de una concentración a la puerta de las Corts, aunque esto no está decidido. Si se produjera la imagen podría resultar muy crítica para el partido por todo lo que conlleva para una formación que asegura que representa a la nueva política.
El dictamen que ha precipitado la crisis interna y que desveló anomalías en el proceso de contratación indicaba textualmente: «Se han producido claras irregularidades en el proceso de selección faltando a la independencia y la objetividad» y destacaba el caso de un contratado familiar del responsable del área de Cultura.
