Dos de los principales procesados en el caso Emarsa, el que fuera jefe de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, y los empresarios José Luis y Enrique Sena buscan reducir sus altas penas de cárcel a cambio de reconocer algunos de los delitos de los que se les acusa. La confesión, para la que ya han contactado con la Fiscalía, podrían poner en apuros a otros de los procesados como el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla y el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, puesto que la estrategia de defensa de todos ellos había sido similar durante la fase de instrucción y se les implica en la misma presunta trama del tratamiento de lodos. La fiscalía solicita 14 años de prisión para Bernácer, Crespo y Morenilla que, a día de hoy, se deberán enfrentar al macrojuicio que comenzará el próximo 13 de marzo.
Según ha sabido Levante-EMV de fuentes conocedoras de la negociación, Bernácer explora «todas las opciones» para reducir las peticiones de pena de cárcel. Sería mediante el reconocimiento de alguno de los delitos de los que se le acusa, reconocieron las mismas fuentes aunque no precisaron cuáles. De la misma manera actúan los hermanos Sena, a través de cuyas empresas se habrían desviado fondos públicos del tratamiento de lodos en la depuradora de Pinedo entre los años 2004 y 2010.
El acuerdo entre los hermanos Sena y Bernácer puede dinamitar la causa puesto que a estos tres procesados, Crespo, Morenilla y Jorge Ignacio Roca Samper „ahora en prisión tras ser detenido en Moldavia„les acusa la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 15 de haberse concertado para montar una presunta trama para desviar unos 11 millones de euros del tratamiento de lodos de Emarsa. Los hechos se habrían producido a través de un convenio ficticio entre la Epsar y Emarsa y el dinero obtenido fruto de los sobrecostes se los habrían repartido. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que Morenilla y Enrique Crespo no va a mover ficha porque se consideran inocentes y con ganas de que empiece el juicio.
Roca ya reconoció tras ser detenido que formó parte de una trama fraudulenta para desviar fondos del tratamiento de lodos. También confesó el que fuera gerente de la depuradora de Pinedo Esteban Cuesta, quien aseguró que el dinero desviado se lo repartió con Crespo, Morenilla y Bernácer. Cuesta también ha intentado negociar para reducir la pena pero no ha conseguido acuerdo.
Por ahora sólo siete procesados por el caso Emarsa ya han llegado a la conformidad con la Fiscalía, según fuentes del Ministerio Público. Todos han conseguido penas menores a los dos años para evitar la cárcel a cambio de reconocer los delitos y devolver el dinero defraudado y que se les reclamaba como responsabilidad civil por parte de las acusaciones. Los siete acusados que han llegado a una conformidad con la Fiscalía, como ya adelantó Levante-EMV, son el exsecretario general del PP de Trànsits (Valencia) y exjefe de compras de Emarsa, Ignacio Martínez Maiques, que se enfrentaba a una petición de seis años de cárcel; Luis Botella, asesor jurídico y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Moncada, para el que la Fiscalía solicitaba 4 años de cárcel y Santos Peral, secretario general del PP de Patraix y y excontable de Emarsa que se enfrentaba a seis años de prisión. Los tres además de reconocer los hechos ya han abonado al juzgado las cantidades cobradas en sobresueldos irregulares, según confirman a este periódico fuentes conocedoras del acuerdo.
También han logrado reducir las condenas a menos de dos años cárcel (por lo que esquivarán la prisión) tras admitir los hechos la asesora jurídica, Leonor Moreno Esteve, que trabajó en el Ayuntamiento de Manises y que debía hacer frente a una petición de cinco años de prisión; Juan Manuel García García, administrador y socio del hermano de Enrique Arnal (el director financiero de Emarsa) al que solicitaban cuatro años de prisión por cobrar por cursos no realizados, al igual que Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero y Ana María Ríos, que se enfrentaba a cinco años de prisión.
