Las desavenencias entre los socios del bipartito, PSPV y Compromís, en torno a cómo plasmar en la nueva ley de función pública la exigencia de conocimiento del valenciano explotaron ayer hasta el punto de que la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, se vio obligada a parar la presentación del texto legal cuyo borrador está ya listo. De hecho, su departamento convocó oficialmente a los medios de comunicación a un acto que debía celebrarse hoy en la sede de la conselleria para presentar «su» propuesta de la nueva ley de empleo público. Una hora después lo desconvocaba sin explicación alguna. Previamente, se había llamado también a los representantes sindicales para anular una reunión previa a la de prensa. Bravo quería darles copia de un texto que, a pesar de los esfuerzos y el acuerdo histórico que los sindicatos alcanzaron sobre este asunto, no ha evitado que estalle el conflicto.
El motivo de la discrepancia, según ha podido confirmar este diario, es la concreción en la nueva ley de la competencia lingüística que la Generalitat exigirá al funcionariado, tanto a quienes aspiren a una plaza, como a los que ya la tienen. La conselleria ha optado por recoger en la ley el acuerdo sindical, un texto que establece que el empleado público debe tener un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de ambas lenguas, pero que es ambiguo respecto a los términos en que se exigirá. De hecho, ese pacto (suscrito por Intersindical, CC OO y UGT, además de por las universidades) remite a un reglamento posterior y a una negociación con los sindicatos para determinar qué puestos y qué nivel de conocimiento debe exigirse en los procesos selectivos. Se permite también excepciones en el ámbito sanitario. En definitiva, una ambigüedad calculada que no ha convencido a una parte de Compromís al considerarla insuficiente.
Cabe apuntar que el número dos de Bravo, el secretario autonómico Ferran Puchades, es un exdirigente del Bloc muy comprometido con la lengua. También la directora general, Eva Coscollà, en su día dirigente de Intersindical.
La tensión sobre este asunto ha ido, además, creciendo. Según ha sabido este diario, la idea original de Bravo era presentar la ley, una norma fundamental de su departamento además de un compromiso de legislatura, en el Palau de la Generalitat en un acto presidido por Ximo Puig. De hecho, altos cargos y representantes sindicales habían sido convocados en el Palau. Ante las presiones de Compromís, Bravo optó por un acto con menos empaque en su conselleria. La convocatoria subrayaba que se trataba de una propuesta de «su» departamento y, por lo tanto, abierta a las aportaciones de otras conselleries. Pero, finalmente, la presión de Compromís la hizo ayer desistir.
Cocinado a fuego lento
El acuerdo sindical al que Bravo quería agarrarse se ha negociado a fuego lento durante meses y en principio era la solución para un Consell comprometido con el uso social la lengua, pero que también teme soliviantar a ciertos sectores y dar armas a la oposición con una ley como la balear o la catalana. Además, de los sindicatos y los políticos, otros actores han trabajado con discrección para el consenso como Acció Cultural o Escola Valenciana.
Ferran Puchades en el acto de presentación del documento en La Nau de la Universitat de València llegó a decir que el Consell haría suyo el documento, ya que venía avalado por tres fuerzas sindicales. Ahora bien, para algunos la traslación a la ley ha sido insuficiente. Estas voces consideran que la exigencia del conocimiento del valenciano para trabajar en la función pública debe aparecer ya en la ley y no remitirse a un reglamento ni negociase puesto a puesto.
