Le ha pasado a dos agentes catalanes, pero sienten que podría haber sido cualquiera de ellos. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana (Apamcv) reitera la necesidad de que los forestales presten ciertos servicios con armas. Tras denunciar en varias ocasiones durante los últimos años la desprotección a la que sienten que están expuestos, los agentes piden, de nuevo, que se estudie esta posibilidad.
El presunto asesinato a tiros de dos agentes rurales en Aspa (Lleida) por parte de un cazador, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad con la que trabajan, aseguran, y revive el debate.
La petición de vigilar armados la incluyen en el borrador de la Ley de Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana, que la asociación ha redactado y presentado al Consell. En el borrador, recogen que los funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales «llevarán arma corta en los servicios de inspección, seguimiento y control de fauna, furtivismo, y aquellos otros que le sean encomendados, y se consideren de riesgo». Además, también piden que estos servicios se realicen, como mínimo, en parejas.
Además del arma corta (pistolas y revólveres), los policías medioambientales también consideran que sería necesario llevar «arma larga de gestión» para el «control de las poblaciones de fauna silvestre o epizootias». Según lo redactado por la asociación, el uso de armas, como reclaman, «debe adecuarse a la normativa vigente en materia de armamento» y es la Generalitat la encargada de dotar a los agentes de las licencias y permisos necesarios; y de su formación para el uso y custodia de las armas.
Años de reclamaciones
La propuesta de borrador de Apamcv fue presentada al Consell hace unos meses, y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana espera que se les atienda. Hace justo un año, la Conselleria de Medio Ambiente ya trabajaba en el borrador de esta futura ley autonómica destinada a reforzar el papel del policía de medioambiente del cuerpo de agentes forestales y su coordinación con otros.
Entonces, se calculó que la ley estaría lista en seis meses, según adelantó el secretario autonómico Julià Álvaro, aunque ahora parece que el tema se ha quedado en el cajón.
En ese momento, Álvaro recalcó que uno de los objetivos de la futura normativa -que integrará la figura de estos trabajadores- será proteger el ejercicio de sus competencias y reforzar su papel como agentes de seguridad. No obstante, ya adelantó: «Nuestra intención es reforzar su papel como agentes de autoridad. Otra cosa es si deben llevar arma o no, que es algo que se debe analizar. Tampoco es fundamental».
Ya en 2014, los agentes forestales pedían realizar los servicios considerados de riesgo portando armas de fuego. La petición la reclamaron tras las agresiones a medioambientales que participaban en el control de los conocidos como «paranys», en Castelló.
En 2016, los forestales también denunciaron la falta de seguridad con la que trabajan. Afirmaban que las agresiones -tanto físicas como verbales- han dejado de ser «anecdóticas» para convertirse en hechos habituales.
Entre las numerosas labores que se les encomiendan, los forestales deben vigilar, inspeccionar y proteger el medio natural, además de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de pesca y caza, y el cuidado de los animales.
