El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ya ha puesto un cortafuegos al conflicto sobre el requisito lingüístico en la función pública antes de que el incendio se haga incontrolable en la coalición de gobierno. El Consell va a recurrir a una fórmula que utilizó en tiempos pasados, en los días del nacimiento del acuerdo del Botànic. La intención es que negocien los partidos, PSPV y Compromís, y sacar un debate complejo del seno del gobierno, donde ya se han producido fricciones entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y su segundo, el nacionalista Ferran Puchades. Los mismos primeros espadas que negociaron el Botànic tratarán ahora de llegar a un acuerdo sobre el requisito que satisfaga a todos.

A preguntas ayer de Levante-EMV sobre esta cuestión tras el pleno del Consell celebrado en Sagunt, la portavoz, Mónica Oltra,

puso el listón en el mínimo necesario para el ejecutivo: que es que se respete el derecho de cualquier ciudadano a poder ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, castellano o valenciano: «Ese es el derecho y la Generalitat debe protegerlo», remarcó.

Oltra rechazó valorar el borrador de la ley de Función Pública, en fase «de diálogo», dijo. El documento inicial a partir del que se buscará el consenso es el acuerdo sindical que recoge que en los procesos de selección se debe acreditar conocimiento del valenciano y que los sindicatos y la Administración negociarán el nivel de cada puesto y sólo se podrá exceptuar al personal sanitario.

Pero, la diferencia de criterio entre PSPV y Compromís, e incluso dentro de cada uno de los partidos, sobre cómo legislar esta cuestión provocó días atrás que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tuviera que frenar la presentación pública del borrador de la ley. Bravo recogía un requisito de acceso con conocimiento del valenciano, pero sin especificar cómo se evaluaría, al derivarlo a un reglamento a aprobar con posterioridad. Bravo choca con Compromís, especialmente con el sector más nacionalista, el que proviene del Bloc, que no quiere dejar pasar su presencia en el Consell para avanzar en el requisito lingüístico. Como ya informó este diario, la tensión ha aumentado, lo que obligó a Puig y Oltra a intervenir. La decisión es que sean los partidos los que negocien.

«Vulnera el acuerdo sindical»

Mientras, Intersindical reprochó ayer que el borrador de la ley de función pública (que ya le ha llegado pero sólo en versión castellana), no garantiza la capacitación lingüística de todo el personal público, incumple el acuerdo de la mayoría sindical de hace menos de un mes y relega cualquier compromiso sobre la igualdad lingüística a una regulación futura.