Casi nueve de cada diez municipios valencianos están en estos momentos incumpliendo la ley. En concreto, aquella que hace referencia a la racionalización y sostenibilidad de la administración local, aprobada en 2013. El pasado 1 de enero terminó la prórroga que permitía que los municipios de menos de 20.000 habitantes no contaran con un tesorero en sus ayuntamientos. Solo las grandes urbes estaban obligadas a ello. Pero la moratoria ya ha llegado a su fin, y 478 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana deben contar ya con esa figura o prestar este servicio, según recoge la norma firmada hace cuatro años por el ministro Cristóbal Montoro.
En concreto, 386 localidades valencianas, las de menos de 5.000 habitantes, tienen la obligación de tener tesorero, aunque no así de ampliar su plantilla una plaza más para que acceda este funcionario del estado. Conscientes de que los consistorios más pequeños no pueden asumir los sueldos de un empleado de esta categoría, la norma contempla una serie de alternativas. De este modo, para cumplir con la prestación del servicio, pueden recurrir al tesorero de municipios cercanos o a la mancomunidad, según explicó a Levante-EMV el director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such.
Según la norma, el orden de prelación es el siguiente: en primer lugar, designar a un tesorero habilitado nacional. En caso de no poder hacerlo, se puede contratar al del pueblo cercano y pagarle por las horas de servicio; si tampoco se puede afrontar ese gasto, la norma deriva a la diputación, y aconseja a los municipios pedir a las corporaciones provinciales que gestionen la tesorería de sus ayuntamientos.
«Pero las diputaciones no tienen esta capacidad», lamenta Such. «No tienen el personal suficiente para tramitar los pagos de todas las localidades afectadas», estas cerca de 390 (las de menos de 5.000 vecinos). «Haría falta al menos 15 o 20 trabajadores por provincia que se dedicaran simplemente a estar delante de un ordenador autorizando los pagos cotidianos de los pueblos; no tiene sentido», criticó el director general.
Temor al bloqueo de facturas
El abono de algunas facturas es, precisamente, lo que preocupa ahora a los alcaldes, quienes ya han manifestado su temor a que los técnicos se nieguen a firmar los pagos por no estar autorizados para ello. En otras comunidades autónomas ya se han dado casos de municipios donde se ha cerrado el grifo por carecer de tesorero habilitado, como en Sarria, Galicia. Hasta ahora esa tarea la podía realizar un funcionario de grupo A, e incluso un interino o un administrativo. En los municipios pequeños, también podía hacerlo un concejal.
Pero precisamente con la idea de erradicar esta figura, la del concejal-tesorero, nació la reforma de Montoro, en teoría para evitar casos de corrupción. Algunos ayuntamientos valencianos de entre 5.000 y 20.000 habitantes (los que antes no tenían obligación y ahora sí) ya están buscando sus tesoreros, informa Such, pero son casos aislados. La mayoría está, cuatro años después de la aprobación de la ley, exactamente igual que entonces.
El socialista detalló que el pasado mes de diciembre fue a visitar al director general de Función Pública del Ministerio de Hacienda, Javier Pérez Medina, para manifestarle que si no aplicaba un aplazamiento de la normativa, los pueblos valencianos iban a incumplirla, como de hecho está ocurriendo. «Dijo que lo intentaría», pero a día de hoy, el conflicto continúa paralizado, informó Such. Entre los argumentos a los que se aferran los afectados, se encuentra la ausencia de presupuestos generales del Estado, que todavía no se han aprobado para este año. «No hay reglamento que regule cómo se tiene que aplicar la norma», añade Such.
Otras comunidades autónomas también han trasladado su preocupación por el asunto a los responsables de la cartera que dirige el ministro Montoro. Distintas federaciones de municipios y provincias también han pedido que se demore la obligatoriedad de incorporar un tesorero, mientras se intenta pactar una salida.
Such apunta a las localidades más pequeñas como aquellas que más sufrirán a la hora de aplicar esta ley. «Son las que menos capacidad presupuestaria tienen; no pueden asumir una nómina más», indica el dirigente socialista. Según las estimaciones, un tesorero de habilitación nacional podría suponer un coste de unos 60.000 euros. Compartirlo con los municipios cercanos podría traducirse en un desembolso de entre 7.000 y 8.000 euros, cantidades también difíciles de encajar para las arcas más exiguas.
