30 de enero de 2017
30.01.2017
Accidente del 3 de julio

Las víctimas del metro piden a la jueza que cite a declarar a la exgerente de FGV y cuatro directivos imputados

La magistrada los declaró investigados seis días antes de que prescribieran los hechos y aún no han comparecido

30.01.2017 | 12:55

La Asociación víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia la declaración en calidad de investigados a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y los cuatro directivos imputados junto a ella desde hace casi un año y que aún no han comparecido ante la jueza de instrucción, Nieves Molina.

La prescripción de los posibles delitos por las 43 muertes en el accidente del metro, al cumplirse los diez años del siniestro el 3 de julio de 2016, obligó a la jueza del metro, Nieves Molina, a imputar a seis exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) más, tal como solicitaban las familias de las víctimas del metro y la Fiscalía, en junio de 2016. La magistrada tardó tres meses en adoptar esta decisión porque pretendía demorarla hasta que llegaran dos informes periciales sobre el siniestro encargados en noviembre de 2015. Al demorarse el peritaje solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), la jueza decidió imputar de forma preventiva a los seis exdirectivos. Uno de ellos ya falleció, por lo que la causa ya no se dirige contra él.

La Avm3j considera que de las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora ha quedado claro que «en FGV, en el momento de los hechos no existía un Plan de Prevención de Riesgos laborales y que tampoco analizaba los datos que recogían las cajas negras instaladas en los trenes de la Línea 1 de Metrovalencia». Sobre el día del siniestro, la Avm3j destaca que «el 3 de julio de 2006, el convoy que sufrió el descarrilamiento, en las tres ocasiones que circuló desde la estación de Plaza de España a Jesús (8:38, 10:24 13:10) sobrepasó en repetidas ocasiones la velocidad máxima permitida en cada momento.

Las defensas de las familias de fallecidos y heridos también recuerdan que «el vaciado de la caja negra se podía llevar a cabo sin que por ello y de modo necesario se tuvieran que perder los datos que en ella se contenían, pues para que tal cosa sucediera, había que activar expresamente esa función». Aunque uno de los ahora investigados, el jefe de talleres de Valencia Sud en 2006, Luis Domingo Alepuz, «consiguió se le dejase en custodia dicha caja negra para proceder al volcado de datos y, al mismo tiempo procedía a extraerlos éstos se borraron».

La Avm3j también añade que «la baliza instalada en el tramo Plaza de España y Jesús, programada para que los trenes no llegasen al andén de la estación Jesús con velocidad superior a 40km/h, permitía alcanzar una velocidad de 80 km/h antes de que se activara el freno de emergencia, no obstante ser la velocidad máxima permitida con carácter general, en todo el túnel de 60 km/h, sin perjuicio de los puntos que tuvieran restringida esa velocidad a otra u otras inferiores» por lo que «como consecuencia del descarrilamiento, hubo 43 fallecidos y 47 lesionados». 

Se trata de «unos hechos, cuya objetividad impide su refutación, nos permiten afirmar que los mismos suponen la existencia de indicios racionales que permiten defender la posibilidad de que los mismos sean constitutivos de un delito de contra la seguridad e higiene en el trabajo, 43 homicidios imprudentes y 47 lesiones imprudentes, lo cual, evidentemente solo se podrá afirmar o negar mediante sentencia firme y tras la celebración del correspondiente juicio oral, que es lo que en definitiva y desde siempre ha pretendido la Avm3j». Por ello, como «para imputar un delito a una persona primero tiene que ser oída en declaración, consideramos imprescindible se cite a declarar a los directivos de FGV por interesar a nuestro constitucional derecho de defensa», concluyen.

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