Las discrepancias de fondo entre Compromís y el PSPV, de un lado, y de los sindicatos, de otro, en torno a la implantación o no del requisito lingüístico para el acceso a la función pública podrían tardar meses en despejarse. Pero mientras se llega a un acuerdo y la nueva ley de función pública entra en vigor, la conselleria se basará en un nuevo decreto (el que rige la provisión de puestos de trabajo) para apretar a sus nuevos empleados respecto al conocimiento del valenciano. Este decreto, ya en vigor, no recoge el requisito lingüístico (entendido como condición previa para tener la plaza), pero contiene una novedad respecto a la regulación de los últimos años y que el barullo político ha dejado en segundo plano: los aspirantes que, superadas las pruebas, no puedan acreditar el conocimiento de la lengua con los certificados de la Junta Qualificadora tendrán que realizar un «ejercicio específico».
En caso de no superarlo deberán asistir «a los cursos de perfeccionamiento que a este fin se organicen». Estos cursos serán convocados en el plazo de un año desde la toma de posesión y será «obligatoria» la participación «en tanto no se obtenga el nivel de conocimiento previsto».
El decreto avanza también respecto a lo que existía hasta ahora ya que concreta qué nivel se exigirá a cada funcionario. Con carácter general, y al margen del requisito específico para puestos concretos, todos los funcionarios del grupo A1, A2 y B tendrán que acreditar el Grau Mitjà. Los del grupo C1 y C2 el elemental y las Agrupaciones profesionales de funcionarios, el oral.
Esta nueva regulación supone un cambio respecto a la que ha regido en las últimas dos décadas y que fue aprobado bajo mandato popular, en 1999. Ese reglamento tenía un apartado relativo a la acreditación del valenciano de quienes aprobaban un proceso selectivo. Al igual que ahora se daba la opción de la justificación a posteriori, pero de una manera mucho más laxa. Sólo se estipulaba que quienes no podían acreditar ese conocimiento (valía con el título de Bachillerato) «quedarán comprometidos a hacerlo en un plazo de dos años, o a la realización de cursos».
Mientras el conflicto no se solucione (PSPV y Compromís están negociando), será este decreto el que se aplicará. La ley, como ha venido contando este diario, sigue atascada tanto por este asunto como por el choque de competencias con áreas gestionadas por Compromís y que tienen que ver con el control del personal. El departamento de Bravo ha pasado el texto a las conselleries para que presenten alegaciones. La pelea va para largo y la salida tendrá que ser negociada. Bravo ya ha trasladado algunos de sus colegas su disposición a llegar a un acuerdo.
