La Abogacía de la Generalitat determinará qué «consecuencias y responsabilidades» se pueden derivar de los sobrecostes en las facturación de las urgencias del hospital de Alzira detectadas por la Alta Inspección Sanitaria y que están estimados en 2,6 millones de euros solo para el trienio 2013, 2014 y 2015.
Así lo adelantó ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, tras ser preguntada al respecto sobre qué consecuencias tendrán las conclusiones a las que han llegado los inspectores tras investigar la facturación de Alzira en lo referente a las personas atendidas en urgencias de fuera del departamento de salud, por las que la empresa concesionaria tiene derecho a cobrar aparte. Según el informe, se habían llevado a cabo prácticas como facturar atenciones en urgencias hospitalarias (hasta 35.000 casos) pese a que los pacientes habían sido realmente atendidos en Atención Primaria o en los Puntos de Atención Continuada, conceptos por los que se factura menos.
Los inspectores aseguran que esta práctica es «verosímil» que se haya alargado no solo en los años de estudio, sino durante toda la concesión que acaba en marzo de 2018. Sin embargo, la consellera negó ayer que tuvieran una estimación concreta sobre cuánto podría suponer estos sobrecostes. Montón aseguró que este informe ponía de relieve la «falta de control» que había sobre las concesiones (en las cinco se han detectado estas prácticas irregulares con diferente impacto en las cuentas). «Vamos a desterrar estas prácticas de laxitud, por ser generosos, en el control del dinero público», aseguró.
Sin liquidación no hay perjuicio
La empresa responsable del departamento de la Ribera, la UTE Ribera Salud, negó ayer «tajantemente» que se haya cometido ninguna irregularidad y, a través de un comunicado, aseguraron que siguen «escrupulosamente» el real decreto que aprueba la Ley de Tasas tal como demuestran «todas las auditorías internas y externas».
Además, desde la empresa aseguraron que no podía «haber habido perjuicio para la administración» por estos sobrecostes ya que aún no se habían cerrado las liquidaciones de estos años y, por lo tanto, «si no hay liquidación, no hay posible sobrefacturación ni perjuicio alguno para la administración» y, de hecho, urgían a que se reuniera la comisión mixta para abrir estas liquidaciones. «Y todo ello sin conocer los datos del presunto informe» por lo que presentaron «una reclamación oficial» a la conselleria para exigirles conocer los datos «y convocar con carácter urgente una comisión mixta».
Por su parte, la junta de personal del departamento de la Ribera aplaudió la apertura el próximo mes de febrero de la bolsa de empleo público para la zona e hicieron dos reclamaciones: que se nombre cuanto antes un nuevo comisionado tras la dimisión de José Sanfeliu y que la administración «deje de amortizar las plazas vacantes por jubilaciones o traslados» del personal estatutario que todavía queda en el área.
