Pocas cosas han generado en las últimas semanas más animadversión que las compañías eléctricas. En plena ola de frío, los precios por encender luces y estufas se dispararon al doble que hace un año, convirtiéndose en el segundo mes de enero más caro de la historia, según el operador del mercado eléctrico (Omie). La sensación es que la banca -en este caso, las energéticas-, siempre gana. Hasta ahora. Decenas de municipios podrán cargar a estas compañías una tasa por ocupación de espacio público después de años de litigios con estos gigantes de los megavatios y kilovatios, que se negaban a pagar por extender sus redes allá por donde pasaban al considerar desproporcionadas las cantidades exigidas.

Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) les ha quitado la razón y ha abierto la puerta a que estas localidades que albergan tendidos y gaseoductos puedan pedir el cobro de este canon, y la Diputación de Valencia va a ayudarles en este empeño. En concreto, el área de Hacienda que dirige el diputado Toni Gaspar está preparando una ordenanza «tipo» para que los consistorios puedan adaptarla a sus características. La doctrina del alto tribunal recoge que este gravamen se aplicará en función del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público. El cálculo se realiza sumando el valor catastral del suelo rústico con construcciones al valor de las instalaciones.

«El escollo no es la capacidad de cobrarles sino la creación de la ordenanza», detalla a Levante-EMV Gaspar. «Cada entorno tiene un precio. En cada municipio la cantidad a cobrar será diferente», añade. El precio puede variar entre los 6 y los 12 euros por metro cuadrado, dependiendo además de si se trata de una línea de alta tensión, media, de reparto o un gaseoducto, por ejemplo.

Además, la corporación provincial ofrecerá a los consistorios la opción de que el cobro de la tasa se haga a través del Servicio de Gestión Tributaria (SGT), tarea que algunas localidades tienen cedida a la diputación al no disponer de personal suficiente en sus ayuntamientos. «Tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley y a defender los intereses de los municipios», argumenta el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez.

De momento se está elaborando el listado de las localidades que se podrían beneficiar de esta tasa, explica el diputado del ramo. El gravamen se introdujo en la ley Reguladora de las Haciendas Locales en 2004, a través de la cual se establecía que las empresas de gas, eléctricas, agua e hidrocarburos debían abonar un 1,5 % de su facturación local a los ayuntamientos. Ahora esa lucha parece que ha llegado a su fin.