La fundación Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB) entregó ayer a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los contratos y la documentación sobre la empresa de comunicación Laterne, una especie de «Gürtel» dentro de las cruces de término de la ciudad de Valencia que supuestamente financió de manera irregular la campaña electoral municipal de Rita Barberá en 2007.

No se trató de un registro judicial o policial ya que los responsables de la fundación (formada por el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de Comercio, Feria Valencia y los empresarios) entregaron en un ambiente de «total colaboración» toda la documentación requerida por los investigadores del caso Taula, confirmaron a Levante-EMV fuentes conocedoras del registro.

La presunta financiación irregular del PP de Valencia a través de Laterne se investiga en una subpieza declarada secreta quince días antes de que falleciera la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dentro de la pieza separada que investiga el pitufeo o blanqueo de capitales en cantidades pequeñas presuntamente cometido por el grupo municipal popular en la campaña electoral de 2015. Laterne, según la información aportada por Valencia Plaza al juzgado de Instrucción 18, habría recibido en 2007 un total de 531.00 euros de euros de la Fundación Turismo Valencia para financiar la campaña electoral en la que Rita Barberá logró su techo electoral. Unos comicios en los que los populares declararon haber invertido 150.000 euros aunque el coste real fue de 3 millones de euros.

Tras la visita de la UCO a la sede de la fundación, la concejala de Desarrollo Económico Sostenible y presidenta de Turismo Valencia, Sandra Gómez, mostró la «plena disposición» del gobierno municipal con la Justicia para que «se aclaren cuanto antes todos los hechos relaciones con la supuesta financiación irregular del PP».

Gómez lamentó que «las noticias noticias relacionadas con la gestión del anterior equipo perjudiquen la imagen de los valencianos». Y adelantó que Turismo Valencia no descarta tomar medidas legales a través de la fundación, «en el caso de que se evidencie que se utilizó con otros fines que no fueran lo relacionados con su actividad».