El secretario autonómico de Salud Pública y número dos de la Conselleria de Sanidad, Narcís Vázquez, negó ayer el «supuesto ahorro» para la administración pública que supondría el modelo Alzira y que está en la base del debate entre gestión pública o privada de la sanidad valenciana, ahora que se ha iniciado oficialmente el proceso para revertir a lo público el departamento de la Ribera.
«El supuesto ahorro del sistema se sustenta en un menor contrato de profesionales y peores condiciones laborales», aseguró Vázquez que defendió además que en la comparativa de cápitas de los dos modelos no se tenían en cuenta costes externos asumidos por la conselleria. Así, el secretario argumentó que en el presupuesto por usuario de la sanidad privada y de la pública sí hay una diferencia de 140 euros a favor del modelo Alzira, pero ahí no se tenía en cuenta la cantidad de tratamientos y servicios que corrían por cuenta de la Conselleria de Sanidad.
«La cápita de las concesiones es de 777 euros por persona y en la pública el coste viene a ser de 926 euros. La diferencia es de 140 euros a favor pero las prótesis las pagamos nosotros, los trasplantes nosotros, el transporte nosotros, los tratamientos de hepatitis C también?», enumeró ayer en su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cort para explicar las consecuencias del fin del contrato con Ribera Salud. La consellera Carmen Montón no se ha pronunciado todavía, sin embargo, sobre el borrador de informe del Síndic de Comptes que, en principio, mantendría que la gestión privada en Manises sí ahorra costes.
En este sentido, el número dos de la conselleria criticó que el argumentario de la concesionaria era «la mayor eficiencia del sistema y un supuesto ahorro, veremos cómo no es cierto y que a expensas de ser repetida parece cabal, pero no lo es». Además de los costes no asumidos, Vázquez incidió en que el departamento estaba funcionando con «un 21 % menos de personal» que, además, estaban obligados a hacer «200 horas más al año, un mes más de trabajo al año. Con estas cifras, Vázquez aseguró que los sistemas eran «difícilmente equiparables».
«No digo que funcione mal pero sí en condiciones que le permite a la empresa ganar dinero», añadió.
«Aunque nos cueste más caro, que no es el caso, defiendo por encima lo público», dijo y aseguró que la razón no era «ideológica» como le habían reprochado desde el PP que pidió razones económicas, sino «políticas».
La hoja de ruta, en marzo o abril
Además, el secretario autonómico lanzó un mensaje de tranquilidad, al igual que ha hecho en repetidas ocasiones la consellera Carmen Montón, al respecto de que el día 1 de abril de 2018, primer día efectivo de la reversión, seguirán «trabajadores y servicios» que incluso se aumentarán. «Habrá más plantilla, iguales servicios o incluso más y más casi de todo», dijo. La tan demandada hoja de ruta para saber los detalles de cómo quedará la situación laboral de los trabajadores indefinidos que ahora hay contratados -y que demandan poder jubilarse en sus puestos- no se sabrá «hasta la última semana de marzo o la primera de abril», según el secretario.
