El exteniente de alcalde de Quartell (el Camp de Morvedre) y uno de los lugartenientes de Serafín Castellano en esta comarca e imputado en el cártel del fuego, Emilio Máñez, también fue un presunto zombi en la empresa pública Imelsa, donde habría cobrado sin trabajar, según aseguran los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Máñez estuvo en nómina como empleado de Imelsa donde fue contratado como «coordinador de brigadas forestales» a pesar de su nula experiencia al respecto, tal como admitió ayer en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt, Héctor Santamaría, y el Fiscal Anticorrupción. Tras la coordinación de las brigadas forestales de Imelsa, Máñez también fue contratado como asesor del vicepresidente de la Diputación de Valencia, y diputado de empresas públicas, Francisco Huguet, investigado en el Caso Avialsa y que también declaró ayer en sede judicial.
Máñez justificó sus sucesivas contrataciones en la administración, a dedo y a pesar de contar sólo con los estudios básicos, porque «los políticos nos asesoramos por políticos de confianza», según fuentes conocedoras de su declaración. Durante sus trabajos temporales, Máñez llegó a cobrar salarios de 2.334,32 euros mensuales. El 17 de enero de 2005 fue contratado indefinidamente hasta que fue despedido el 22 de agosto de 2007 por el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, según consta en el informe de la UDEF aportado a la causa. Los responsables de Imelsa (actualmente Divalterra) han confirmado a los agentes policiales «no tener constancia de que Emilio Máñez desarrollara trabajo alguno» mientras estuvo en nómina de la empresa pública. Un hecho que ya se investiga en la pieza separada del «Caso Taula» que indaga los «contratos zombis» en Imelsa y la Diputación de Valencia, aunque circunscrita a la gerencia de Marcos Benavent y la presidencia de Alfonso Rus (a partir de 2007) que, cabe recordarlo, fue rival político de Serafín Castellano con quien batalló para controlar el PP de la provincia de Valencia.
Tanto Máñez como Huguet se acogieron ayer a su derecho a no declarar cuando se les interrogó sobre el origen de su elevado patrimonio investigado en una pieza separada del cártel del fuego. La UDEF calcula que Huguet cobró 800.000 de actividades relacionadas con la corrupción y que el exalcalde de Quartell declaró ayer que justificará «en su momento».
El administrador concursal de Insa ratifica su denuncia en el caso Taula
El administrador concursal de tres empresas patrimoniales del periodista Julio Insa ratificó ayer ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del caso Taula su denuncia sobre los contratos suscritos entre seis empresas del periodista con la Diputación de Valencia e Imelsa durante la etapa de Alfonso Rus y Marcos Benavent que alcanzaron los 482.762 euros entre 2007 y 2014. Según el administrador concursal, Insa recibió estos contratos por su amistad personal con Rus, aunque al ser interrogado al respecto sólo pudo contestar que esta relación era «vox populi» y que sólo oyó una conversación entre ambos en la que mostraban «mucha cordialidad». El administrador ha sido denunciado por el periodista ante un juzgado de instrucción por «apropiación indebida».
