El informe de la Intervención General de la Generalitat sobre la gestión de servicios públicos por concierto para la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética ha detectado el "insuficiente control por parte del órgano de contratación", así como incidencias en la facturación al no existir un catálogo único, lo que "ha provocado que la ejecución haya dependido en gran medida de la voluntad de la empresa contratista".
Así lo ha explicado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell --en el que se ha analizado el informe-- y ha explicado que una vez finalice el contrato vigente con la UTE Erescanner Salud SL, que fue firmado en 2008 y concluye en septiembre de 2018, no se renovará.
Sanidad solicitó a Intervención la colaboración para analizar los procedimientos de facturación empleados en la gestión del servicio de resonancia magnética y se ha analizado el periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2012, abordando los criterios empleados para la prescripción, realización y facturación de las exploraciones de resonancia magnética, y analizando las incidencias detectadas en el proceso de auditoría interna efectuado por la adjudicataria.
Para ello se seleccionó una muestra de tres departamentos de Salud (Hospital Clínico Universitario de Valencia, Departamento de Salud de la Plana y Departamento de Salud Elche-Hospital General) y, dentro de éstos, una muestra de exploraciones seleccionada de forma aleatoria mediante sistemas informáticos.
UTE Erescanner Salud SL --formada por las empresas Eresa--Inscanner, SL, Ribera Salud SA, y Beanaca SA-- presentó una facturación para el periodo 2008-2015 de 291.419.193 euros. El control sobre las incidencias de facturación no ha incluido el año 2008, que solo afectaba a los meses de noviembre y diciembre, "ante la gran dificultad que los órganos de gestión han experimentado a la hora de localizar las primeras mensualidades de aplicación del concierto", ni 2012, año en el que, como consecuencia de la crisis, se fijó una facturación máxima a la empresa.
Inexistencia de criterios únicos de gestión
El informe concluye que la prestación del servicio de resonancia magnética "ha contado con un insuficiente control por parte del órgano de contratación, que no ha conservado los poderes de policía que le atribuía el contrato y ha provocado que la ejecución del mismo haya dependido en gran medida de la voluntad de la empresa contratista".
Destaca también "la inexistencia de unos criterios únicos de gestión y facturación por parte de la Conselleria; la existencia de catálogos propios en cada departamento de salud, que difieren del previsto en el contrato; la ausencia de implicación activa por parte de los servicios de radiología de cada uno de los hospitales y la aplicación de criterios propios de facturación por parte de la empresa al margen del contrato".
Del análisis de los tres departamentos en lo que se refiere a los ajustes económicos propuestos en la auditoría externa elaborada por la empresa, se extrae la conclusión de que "en 17 de los 20 errores apreciados por la empresa, el error de facturación existe en los términos aducidos por la empresa (si bien no en todos los departamentos)".
Errores con saldo favorable a la empresa
La falta de suficiente explicación respecto a los tres restantes "impide considerar que se han producido efectivamente, bien porque se requiere un criterio médico que valores u procedencia o improcedencia, bien por tratarse de pruebas cuya facturación ha sido incorrecta", continúa el informe.
Además, destaca que "los importes globales de cada uno de esos 20 errores, que arrojan un saldo favorable a la empresa, no han podido ser verificados debido tanto a la falta de desglose de las actuaciones que integran cada uno de ellos, como por haber efectuado el control sobre una muestra de tres departamentos".
Oltra: Planeando la vuelta a lo público
Ante las conclusiones del informe, Oltra ha explicado que se infiere "una evidente falta de control" a la empresa adjudicataria "en régimen de monopolio" y desde el Gobierno valenciano se planea desde hace un año la vuelta de las resonancias magnéticas al sector público. De hecho, se ha creado un grupo de trabajo en radiodiagnóstico formado por especialistas en la materia.
En el marco de la planificación de esa "internacionalización", ha agregado, se ha ampliado el denominado modelo C --contemplado en el contrato-- a nueve departamentos de salud. Este modelo supone que profesionales sanitarios dependientes de la Generalitat utilicen los equipos de la empresa y participen en el radiodiagnóstico.
De este modo se prevé, al mismo tiempo, un ahorro de entre 400.000 euros y 2 millones que la adjudicataria dejará de facturar a Sanidad y se forma a los profesionales de cara a 2018. "En septiembre de 2018 se acaba el contrato, no te vas a esperar y que te pille en ropa interior: vas preparándote para que cuando pase tengas el personal formado, la tecnología que necesitas y posibilidades de realizarlo desde lo público, en los mismos lugares de la red pública pero con gestión directa", ha remarcado la portavoz del Consell.
Además, una vez conocido este informe, el Consell ha tomado medidas como la aprobación de un catálogo corporativo único para las pruebas de radiodiagnóstico con criterios de facturación "claros y únicos". También se ha hecho operativa la Comisión Permanente de Expertos, órgano que no se creó hasta 2013 y estaba congelado.
Oltra ha señalado que no disponen de la cifra total que se habría pagado "de más" a la adjudicataria porque siguen tratando de cuantificarla. En este sentido, ha recordado que la falta de control que advierte Intervención tiene como consecuencia "que no haya a disposición de la administración mucha documentación necesaria" para calcular ese montante total.
