Paralizada. La reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local a través de la cual se obligaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes a contar con la figura del tesorero habilitado nacional se mantendrá de momento como estaba hasta ahora, es decir, que los funcionarios o concejales que estaban asumiendo estas tareas continuarán haciéndolo.

El Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro echa marcha atrás así tras las quejas que miles de municipios estaban trasladando a su área desde el pasado 1 de enero, o incluso antes, como publicó Levante-EMV. Solo en la Comunitat Valenciana, prácticamente nueve de cada diez ayuntamientos se encontraban fuera de la ley por no tener un tesorero habilitado. En números rasos, 478. Ayer, la secretaría de Estado de Función Pública hizo llegar a las comunidades autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias una circular, a la que ha tenido acceso este diario, en la que básicamente se dejaban las cosas como están hasta que se aprueben los presupuestos del Estado.

«Hasta que se pueda articular una solución definitiva en una norma con rango de ley», afirma la comunicación, se puede, entre otras opciones, acudir a la fórmula de agrupación de municipios para el sostenimiento de puestos de tesorería. Esta era una de las soluciones que proponían tanto desde la dirección general de la Generalitat Valenciana como desde el propio colegio oficial de tesoreros: que los municipios de menos de 5.000 habitantes, obligados a tener, pudieran mancomunarlo para no tener que afrontar en solitario sueldos de hasta 60.000 euros.

Sin embargo, en los ayuntamientos de los pueblos entre 5.000 y 20.000 no tenían escapatoria, tenían que crear indefectiblemente este puesto. Ahora, con la paralización de Montoro, los funcionarios o los ediles pueden continuar al frente de estas tareas, un extremo que precisamente esta reforma buscaba erradicar para evitar posibles casos de corrupción.

El peligro que se había engendrado con esta reforma radicaba en que algunos secretarios o técnicos podrían haberse negado a pagar facturas al estar incumpliéndose la ley. En algunas poblaciones de otras comunidades, como en Galicia, ya estaba ocurriendo. Esto habría bloqueado decenas de pagos diarios en los consistorios.