La Conselleria de Infraestructuras está encontrando una enorme resistencia en el proceso de puesta en marcha del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, con el que pretende blindar casi 24 millones de metros cuadrados de terreno urbanizable con valores paisajísticos y medioambientales situado en la primera línea de playa.
Fuentes de la conselleria dirigida por María José Salvador aseguraron ayer que es «pronto» para realizar valoraciones sobre la respuesta de los municipios afectados por el plan. «Todavía están llegado alegaciones -el plazo finalizó el pasado 31 de enero- y pronto comenzará el análisis y se dará respuesta a todos los alegantes», dijeron las fuentes, que diferenciaron entre el contenido «más técnico» de las alegaciones que se presentan y algunas «declaraciones» públicas de carácter político que en algún caso han sido muy duras con el plan.
Así, y de norte a sur, el equipo de gobierno de Torreblanca, encabezado por la alcaldesa socialista Josefa Tena, rechazó en el último pleno ordinario una moción del Partido Popular que pretendía pedir la suspensión temporal del plan urbanístico Pativel de la Generalitat Valenciana con tal de incrementar la participación ciudadana y corregir los «errores de cartografía», entre otros puntos.
Por otro lado, vecinos y afectados de Alcalà-Alcossebre han presentado un total de 509 alegaciones contra el dicho plan.
Mientras, el Ayuntamiento de Benicàssim destaca que hay una importante carencia de la cartografía y pone de manifiesto «el exceso de competencias» que quiere asumir la Generalitat, exigiendo «mayor documentación sobre su desarrollo, afecciones y alcance».
En Valencia, el consistorio ha criticado «la confusión e indefinición» del plan del litoral. Así, se critica la calificación como suelos urbanos de zonas que carecen de servicios urbanísticos sin concretar y pregunta «cómo» se obtendrán esos suelos, destinados a infraestructuras verdes, por parte de los ayuntamientos.
Oliva se sitúa en la línea dura y ha exigido la retirada del Pativel o, en su caso, que se permita construir en grandes áreas que desde 1982 son suelo urbanizable situado junto a la costa. En concreto, se trata de más de medio millón de metros cuadrados que pasarían a ser protegidos y que el ayuntamiento quiere que se mantengan como urbanizables.
Gandia optó por pedir unas correcciones, pero aplaudió la «valentía» del Consell a la hora de llevar a cabo una iniciativa tan conservacionista respecto a la franja litoral que aún no ha sido urbanizada. En Gandia la principal afección del Pativel es la definitiva protección de la playa de l'Auir, que el ayuntamiento pretende convertir en parque público.
Los otros tres municipios, Xeraco, Daimús y Piles, han alegado para que sus playas puedan seguir manteniendo infraestructuras y servicios turísticos, dado que ya han agotado la totalidad del suelo urbanizable en sus franjas litorales.
Otros ayuntamientos de la Safor, como Guardamar, tenían previsto también presentar alegaciones.
El Ayuntamiento de Dénia, gobernado por PSPV y Compromís, ha presentado alegaciones para que proteja las dunas de la playa de les Marines y la desembocadura del río Alberca. Mientras, el Poble Nou de Benitatxell y Teulada han coincidido en alegar contra la calificación de sus playas del Moraig y de l'Ampolla como naturales. Consideran que se merma su atractivo turístico y que deben tener la consideración de urbanas. Ambos municipios han pedido al Consell un estudio económico sobre las indemnizaciones que supone contradecir con este planeamiento autonómico los planes generales o el plan parcial de la Cumbre del Sol, aprobado en 1975.
Más al sur, municipios como Benidorm, El Campello, Orihuela y Torrevieja han presentado alegaciones pidiendo que se suavice la aplicación del Pativel, que frena «en seco» el desarrollo del turismo residencial, clave para garantizar los ingresos de muchos municipios de la Costa Blanca. También ha habido alegaciones de grupos ecologistas pidiendo una mayor protección para varios enclaves del litoral.
