La dirección regional de PPCV ha logrado que Génova autorice la celebración de primarias en territorio valenciano. Esta era, sin duda, una de las principales aspiraciones de la organización que lidera Isabel Bonig, presidenta de los populares valencianos, pero no la única. Después de lograr cierta autonomía para organizar el congreso regional, la enmienda más relevante que tiene entre manos la delegación valenciana que el viernes viajará a Madrid para participar en el 18 congreso nacional está dirigida a la ponencia política y tiene que ver con el debate sobre financiación autonómica.

El PPCV propone sustituir dos párrafos del documento oficial por un nuevo redactado que, aunque en principio, entronca con la filosofía del Ministerio de Hacienda de garantizar los mismos servicios en toda España, podría suponer un choque de trenes con otros territorios que tienen intereses distintos.

El documento ha sido coordinado por el andaluz Javier Arenas, pero como componentes hay dirigentes de peso como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien encabeza un frente de autonomías en el que no está la Comunitat Valenciana.

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja son otros territorios que están en este bloque de la España poco poblada, mientras que la Comunitat ha sellado alianzas en el bloque mediterráneo, con el fin de que la población sea elemento esencial en el nuevo modelo de financiación.

Como en otros ámbitos, Génova ha tratado de redactar un documento marco que no despierte recelos en ninguna autonomía, con premisas que puedan ser aceptadas por todas, como la que afirma que el modelo deberá tener en cuenta «las necesidades reales» en relación a los gastos vinculados a la educación, asistencia sanitaria y gastos sociales.

Ahora bien, otro de los párrafos es menos pacífico de lo que podría pensarse. Así, el documento marca que «ninguna comunidad empeorará su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma; porque cualquier ajuste abrupto del sistema tiene un reflejo inmediato en el presupuesto de las comunidades autónomas, al suponer entre el 70 y el 80 % de los ingresos».

Esta afirmación conlleva, por tanto, la necesidad de inyectar más dinero para el reparto, pero también podría sonar a la defensa del actual status quo. Es decir, a que ninguna comunidad pierda posición relativa, lo que significará blindar la situación privilegiada de algunas y condenar a la C. Valenciana al furgón de cola.

La renta per cápita, clave

Para cerrar el paso a esta interpretación, el PPCV propone mantener la afirmación de que nadie saldrá perdiendo, aunque con un pero de calado: «[el nuevo modelo]debe equiparar a todas las comunidades en la cápita de la prestación de los servicios públicos fundamentales, entendiendo como tales la educación, la sanidad y los derivados de los servicios sociales». Un añadido que supone un torpedo al status quo que muchas comunidades se resisten a perder.

Las enmiendas, defendidas por el diputado Rubén Ibáñez buscan también que el factor de la población desplazada sea tenido en cuenta al calcular el reparto. En la lista de principios inspiradores del nuevo modelo, el PPCV añade la «solidaridad e igualdad territorial y la sencillez en sus mecanismos de confección y de revisión».

Lograr que en el texto que finalmente se apruebe en el congreso mejore la posición valenciana de cara a la negociación sería una victoria para un PPCV que busca volver a tener influencia en Madrid.

A Bonig, además, le permitiría sacar pecho de cara al Consell y reforzar la imagen de defensa de los intereses valencianos. Corre el riesgo, no obstante, de no lograrlo y que la enmienda ahonde en la herida del ninguneo de Rajoy. De momento, Génova no ha hecho ninguna indicación al respecto de estas enmiendas. El PPCV confía en que se aceptarán. En caso contrario, la peleará en el congreso. No contempla retirarla.