La Fiscalía Provincial de Valencia mantiene abiertas desde el 1 de febrero diligencias de investigación penal sobre el colapso vivido en la A-3 por el temporal del pasado 19 y 20 de enero que dejó atrapadas a cientos de personas en la autovía que enlaza con el centro de la península. Las pesquisas se han iniciado tras presentar el sindicato CC OO una denuncia en la que revela el supuesto incumplimiento de las condiciones del contrato de mantenimiento de las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento en la comarca de Requena-Utiel. La fiscal jefe, Teresa Gisbert, ya ha comunicado a los denunciantes la designación de un fiscal instructor para comprobar si existen indicios de delito en los datos revelados por el sindicato CC OO.

Según la denuncia presentada por Emilio Lamas Galarza, secretario de empleo y formación de CC OO en la Unión Intercomarcal del Interior, las irregularidades se habrían cometido en el mantenimiento de las carreteras A-3 y la N-330 (que comunica Requena con Ayora y Cofrentes). Unas denuncias que no son novedad ya que, según explica Galarza a Levante-EMV «estos mismos hechos se han comunicado a los responsables de carreteras del Estado desde diciembre de 2015. La última denuncia ante el área de Carreteras de la Delegación del Gobierno se presentó en noviembre de 2016».

De hecho, en el origen de la tormenta perfecta que dejó a cientos de personas paralizadas en la A-3 hace tres semanas se encuentra el hecho de que las empresas adjudicatarias del servicio de conservación de carreteras «no cumplen con las condiciones del servicio ni en trabajadores ni en maquinaria», explica Emilio Lamas.

El sindicato recoge desde hace tiempo «las quejas de los trabajadores que realizan la conservación y mantenimiento de las carreteras» porque, explica, la unión temporal concesionaria de las zonas identificadas como V4 y V7 «fusionó dos sectores y despidió a trabajadores, lo que perjudicó seriamente la capacidad de respuesta ante situaciones como la producida en el pasado temporal», señala Emilio Lamas.

Un procedimiento similar, denuncia el representante de CC OO, «se ha pretendido efectuar con los centros de conservación V2 y V6 encargados de mantener la A-3 en la zona de La Reva y El Rebollar, por lo que se ha mermado la plantilla de trabajadores y medios pese a que el centro V6 precisa de un aumento de personal y maquinaria al ser el más afectado por las emergencias de vialidad invernal en la A-3».

En uno de los escritos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, el sindicato denuncia que actualmente en las zonas V-4 y V-7 trabajan «un total de 29 personas cuando el personal mínimo, según el pliego, debería de ser 32». También se detallan los materiales exigidos por contrato y que las empresas no aportan, además del incumplimento del material que están obligadas a aportar durante la vialidad invernal (durante seis meses) y que también se incumple, según denuncia el sindicato CC OO.

Ante estos reiterados incumplimientos y tras lo sucedido en el temporal del 19 y 20 de enero, una representación de los trabajadores y de CC OO se reunió la semana pasada con los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para «evitar que se vuelvan a producir fusiones de centros, que sólo persiguen disminuir personal y maquinaria, lo que compromete la capacidad de respuesta y provoca sucesos como los que mantuvieron atrapados en sus vehículos a cientos de conductores durante más de 16 horas» durante el temporal de enero.