En València en Comú (ValC) hace mucho que dejaron de lado la paz colectiva, abandonando lo comunal por lo particular y dividido. Hace meses se abrió una brecha en el proyecto ciudadano que llegó en 2015 a las instituciones (Ayuntamiento de Valencia y diputación), plasmada ahora en la reubicación de dos asesoras por la falta de afinidad con el concejal y diputado al que estaban asignadas, Roberto Jaramillo.

Según confirmó a Levante-EMV el edil, la salida de Mariana Urueña de la Diputación de Valencia (recolocada en el ayuntamiento) y la reasignación dentro del grupo municipal de ValC de Neus Fábregas se da meses después de que él mismo manifestara su desacuerdo respecto a la convivencia con ellas. «Creo que los ediles y diputados deberían poder decidir a la persona de confianza con la que van a trabajar codo con codo y pasar 14 horas cada día», explicó el también diputado.

Para Jaramillo, quien se negó a firmar el cese de Urueña, se confirma que él no ha «echado a nadie», como alertaron en verano miembros de la plataforma, y que toda la operación responde a una campaña para desprestigiarle y conseguir su acta de diputado y concejal para que la línea de Manolo Colomer y Mireia Biosca (ex de EU ambos) asuma mayor peso. El conflicto ha ido exacerbándose con el paso de los meses en los que el diputado ha sido acusado de machista en el seno de las asambleas, extremo que Jaramillo rechaza rotundamente. «Se trata de una diferencia política y de confianza», explica. En este sentido, el diputado aboga por adoptar el sistema de Barcelona en Comú, que establece que los elegidos para estos cargos están «escogidos por la persona con la que deben trabajar, ya que será su mano derecha», señala la plataforma catalana.

Sin embargo, el mecanismo a través del cual se eligieron a los seis asesores con los que cuenta en total ValC entre consistorio y corporación provincial fue otro. «Aquí es la plataforma la que decide quién ocupa estos puestos», explica la secretaria general Mireia Biosca, de la corriente opuesta a Jaramillo. Para ello se compuso una comisión de trabajo que evaluó los cerca de 200 currículos que se recibieron, según informó Biosca. Se baremaba, entre otras cuestiones, la afinidad con la ideología del colectivo municipalista (formado en su mayor parte por simpatizantes de Podemos), su conocimiento institucional, su experiencia en movimientos sociales y su formación académica, apunta la secretaria general.