El reglamento que regula el servicio de justicia gratuita valenciano ha cumplido ya veinte años (el primero se aprobó en 1997 y se ha retocado en tres ocasiones) por lo que necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos, leyes y situaciones inéditas hace dos décadas. Así que el pleno del Consell aprobará mañana el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita que amplía el servicio a las víctimas de especial vulnerabilidad (adaptándose al estatuto de la víctima de 2015), personas con discapacidad, presos e inmigrantes que acrediten no tener un renta superior a 12.780 euros anuales o, en casos excepcionales, los 31.550 € siempre que el solicitante acredite carecer de patrimonio.
Todos estos detalles fueron facilitados ayer por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien defendió que el nuevo reglamento pretende «garantizar que nadie quede fuera del sistema» .
El nuevo reglamento también prevé reforzar y especializar los servicios de orientación jurídica (SOJ) en los Colegios de Abogados a todos tipo de personas con diversidad funcional (la novedad es que no sólo se les garantizará la justicia gratuita en los asuntos judiciales de su situación personal sino también en cualquier jurisdicción que les surja), en el ámbito de la extranjería e inmigración para asesorar sobre peticiones de residencia, asilo o refugio. Justicia incluso asumirá el pago de un traductor si es necesario para la asistencia de este tipo de necesidades. Por último, la población reclusa también se beneficiará de este tipo de asistencia.
A cambio, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se compromete por escrito en el reglamento (que se publicará en forma de decreto) a que el pago a los abogados y procuradores del turno de oficio «se abone de forma puntual por parte de la administración». Actualmente se paga «a trimestre vencido» cuando en anteriores épocas se llegaron a acumular meses de retrasos.
El presupuesto en 2017 para los turnos de oficio asciende a 27,5 millones de euros para los abogados, 4,35 millones para los procuradores y un millón de euros para potenciar y especializar en los SOJ en las especialidades que quiere potenciar la Conselleria de Justicia.
En este nuevo reglamento aún no está incluida la asistencia gratuita para la mediación ya que, según explicó Bravo, ésta se regulará en un anteproyecto de ley que ya elabora su departamento.
Preguntada sobre la visita del ministro de Justicia, Rafael Català, a Valencia, Bravo explicó que aprovechó para reiterarle la creación de 18 nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana además de criticar el «sinsentido» la aplicación del IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio que la consellera confía en que no llegará a aplicarse.
Por último, Gabriela Bravo mantiene la incógnita de a dónde trasladará a los funcionarios, magistrados y fiscales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), pendiente de una reforma estructural en el edificio que lo alberga, junto al Parterre. Según la consellera ya se cuenta «con un edificio para ubicar la Sala de lo Social del tribunal mientras se ejecuta la rehabilitación», y medio decidido dónde se trasladará la sala Civil y Penal y la Fiscalía aunque no quiso desvelar dónde.
