El AVE con destino a Madrid, sede durante este fin de semana del congreso nacional del Partido Popular, tenía previsto su salida para las nueve de la mañana. Apenas media hora después, los teléfonos móviles y las tablets empezaron a echar humo. Y con todo eso las caras de gran parte de la delegación alicantina que participa en el cónclave del PP y que poblaba los vagones del tren se tornaron de una cierta preocupación y, sobre todo, de conmoción. Llovía sobre mojado. Después de que nueve grandes constructores -entre ellos Enrique Ortiz al que ahora se suman los hermanos Martínez Berna o la familia Cotino- confesaran ante la Fiscalía que financiaron de forma ilegal al PP en dos campañas electorales -la autonómica de 2007 y las generales de 2008- a los populares les caía otro jarro de agua fría: la condena a nueve años de prisión de Milagrosa Martínez, exalcaldesa de Novelda, por el amaño de las adjudicaciones de la participación del Consell en Fitur a favor de la trama de Correa. El caso Gürtel resucita, si es que alguna vez se murió, en puertas nada menos que del congreso del PP, el escaparate que mide la fortaleza o la debilidad de una organización.

La primera sentencia de las seis piezas que forman la rama valenciana de la red corrupta salpica directamente a la gestión de la Generalitat durante la etapa del PP y de Francisco Camps al tiempo que evidencia el trato de favor que la administración autonómica concedía en esa época a las empresas de Francisco Correa y El Bigotes. No se trata de una cuestión menor: Milagrosa Martínez, conocida con el apodo de "La Perla", fue la primera consellera de Turismo de la historia de la Comunitat, toda vez que nunca antes había tenido rango de departamento en solitario; y segunda autoridad valenciana como presidenta de las Cortes. Afecta, por tanto, a una dirigente política a la que Camps, para bien o para mal, entregó mucho poder y representación institucional. Y la actual cúpula del PP es consciente de la gravedad de la situación y de que supone un golpe para el trabajo que la dirección de Isabel Bonig ha tratado de desplegar durante el último año y medio para recuperar un partido enfermo y al que sólo han aliviado los resultados de las dos elecciones generales.

No habrá defensa por parte de la dirección del PP de los condenados como Milagrosa Martínez ni tampoco aplausos para los absueltos como la exconsellera Angélica Such, la única que sale indemne del proceso junto a un técnico. Es una resolución que pone en tela de juicio toda una gestión. La mayoría de la actual cúpula popular dice desconocer aquella fórmula de ejercer el poder. Para los más veteranos del PP sí hubo una época, admiten, en la que todo, con el mando en sus manos sin apenas oposición, se acabó desbordando y ahora se pagan las consecuencias. Pero también creen, de cualquier manera, que Milagrosa Martínez no actuaba por voluntad propia y sí a sugerencia de otros. Sea como fuere, el PP intentará evitar capear el temporal. Esa es la posición oficial: respeto a la decisión del TSJ y tratar de hacer el menor ruido posible con una resolución judicial, como reconocían todos, que llega en el peor momento.

Y desde luego, admitían los cargos populares en peregrinación a Madrid para encumbrar a Rajoy en la Caja Mágica, esos dos últimos movimientos judiciales -la confesión de los empresarios por la financiación ilegal y la sentencia del fraude de Fitur- no favorecen para nada las pretensiones del PP de la Comunitat Valenciana de intentar ganar visibilidad en Madrid durante este congreso. Hay temor incluso de que la situación acabe limitando la presencia del PPCV a la irrelevancia como ya ocurrió con la formación del Gobierno. No sólo, apuntaban en el tren, por la sentencia de Fitur. Sino también por la financiación: con nueve empresarios contratistas del Consell en frente confesando que "doparon" con dinero al PP en dos elecciones, parece muy complicado que los cargos imputados en ese proceso -el secretario general Ricardo Costa, el vicesecretario David Serra, la tesorera Yolanda García y la gerente Cristina Ibáñez- tengan opciones de salvarse. Y todo eso afecta ya no sólo a la Generalitat, sino también al corazón, todavía muy enfermo, del PPCV.