Siete empresarios acusados en el caso Gürtel por financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana han suscrito hoy un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de confesar que financiaron al PP en campañas electorales.
Otros dos empresarios también acusados en esta causa tienen previsto suscribir el próximo lunes este mismo pacto, según han informado fuentes fiscales.
Los industriales siguen la iniciativa de tres arrepentidos que reconocieron los hechos el pasado mes de abril. Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá confesaron entonces haber financiado ilegalmente al partido y solicitaron una reducción de pena, han confirmado fuentes conocedoras del acuerdo. El acuerdo incluye el abono de multas.
Todos ellos han acudido este viernes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para rubricar el acuerdo. En él, muestran su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, personado como acusación popular, y reconocerán haber realizado distintos abonos al PPCV con ocasión de las citadas campañas electorales, agregan las citadas fuentes.
Ahora, siguen la estela meses después y, a un mes del juicio en la Audiencia Nacional, Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Antonio Pons Dols y Gabriel Batalla Reigada.
A cambio de su confesión, la Fiscalía rebaja la petición de pena para ellos. En el caso de Gabriel Alberto Batalla Reigada la condena se reduce a una multa de 150.000 euros, sin condena a pena de prisión, como solicitaba inicialmente el Ministerio Público. Estos acusados han admitido que financiaron de forma ilegal al PP en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red Gürtel en Valencia.
El juicio de tres piezas de la trama Gürtel en Valencia comenzará en marzo en la Audiencia Nacional, cuando se juzgará a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.
Por estos hechos, la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV).
