Nueve de los diez empresarios imputados por delito electoral y falsedad documental en la pieza del caso Gürtel que sentará en el banquillo a la cúpula del PPCV en 2007 y 2008, a partir del próximo 13 de marzo, han alcanzado un preacuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que ratificarán previsiblemente hoy en Madrid, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de las negociaciones. La conformidad que les permitirá esquivar la cárcel y reducir la petición fiscal de seis años de cárcel a un año y tres meses de prisión y el pago de una multa a cambio de admitir que financiaron ilegalmente al Partido Popular de la Comunitat Valenciana se producirá, si se ratifica, el mismo día que la formación popular comienza el congreso nacional en Madrid. Hoy también se conocerá la primera sentencia sobre el caso Gürtel que ha juzgado el presunto amaño de los contratos de la feria de turismo Fitur entre las empresas del grupo empresarial de Francisco Correa y dos conselleras del ejecutivo del expresidente Francisco Camps.

Los primeros empresarios en admitir la financiación ilegal en abril de 2016 fueron Enrique Ortiz, Alejandro Pons Dols y José Francisco Beviá. Una estela que meses después y, a un mes del juicio en la Audiencia Nacional, siguen otros como Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina Coepa), Antonio Pons Dols y Gabriel Batalla Reigada, aunque fuentes cercanas a varios de ellos no quisieron ayer ni confirmar ni desmentir el acuerdo.

De hecho, Vicente Cotino negaba en su escrito de defensa de abril de 2016 haber financiado al PP durante la campaña electoral de 2008, tal como le acusa la Fiscalía Anticorrupción. El empresario alegaba que «las facturas emitidas por Orange Market a las entidades del grupo empresarial Sedesa obedecían a servicios efectivamente prestados, no guardaban relación alguna con ninguna campaña electoral y, mucho menos, tuvieron por finalidad financiar la campaña electoral».

Por el contrario, tanto los fiscales anticorrupción como el juez instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acusan al PPCV de pagar todos los actos de las campañas electorales municipales, autonómicas y generales de 2007 y 2008 «presuntamente de forma dual». La facturación legal se pagaba de forma transparente, pero el resto «se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito legal». Y parte de esta deuda del PP con la organizadora de los eventos del partido, la empresa de la trama Gürtel Orange Market SL, la pagaban los diez empresarios de la construcción encausados a través de facturas por trabajos nunca realizados, como ha contado Levante-EMV desde que estalló el escándalo en 2009.

En el auto de apertura de juicio oral incluso se determinó cuánto abonó cada empresario al PP -algo ilegal porque todas eran contratistas de la administración autonómica-. La más generosa fue Facsa y Aguas de Castelló, que pagó 350.000 euros para las campañas electorales de 2007 y 2008, «por decisión de su administrador consejero Enrique Gimeno». El segundo en volumen de colaboración fue el constructor imputado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, quien desembolsó 348.115 euros camuflados en seis facturas a Orange Market.

La mercantil Pavimentos del Sureste SA pagó199.520 euros en cuatro facturas a Orange Market por servicios «que realmente no habían sucedido», por lo que tres de sus responsables, Jose Enrique Fresquet Martínez y los hermanos Tomás y Rafael Martínez Bernia (éste último expresidente de la patronal alicantina) han acabado imputados. Sedesa, la empresa de la familia del expresidente de las Corts Juan Cotino, también contribuyó con otros 150.684 euros a los comicios de 2008, por lo que el sobrino del ex político, Vicente Cotino (ya condenado a año y medio por delito fiscal junto al expresidente José Luis Olivas), también ha sido acusado. Finalizan la lista de pagadores Lubasa, que contribuyó con 110.000 ? a la campaña de 2007, o PIAF SL, que aportó 31.312 ? en 2007 y 2008.

En esta pieza también se sentará en el banquillo la cúpula del PPCV en 2007 y 2008: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Cristina Ibáñez.