La primera sentencia sobre el Caso Gürtel confirma la trama empresarial creada por Francisco Correa para saquear las arcas públicas y condena a once de los trece primeros acusados que se sentaron en el banquillo. Entre ellos seis miembros de la trama, con el empresario Francisco Correa al frente, y la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, la segunda «honorable» del ejecutivo de Francisco Camps en ser condenada, tras el siete veces conseller, Rafael Blasco, ya en prisión por el desvío de las ayudas a la Cooperación.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de 558 páginas, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Climent, valida la totalidad de las investigaciones iniciadas en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid junto a la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal) de la Policía Nacional que salpicaron a partir de 2009 a la Comunitat Valenciana en forma de seis piezas separadas.
El fallo supone un tremendo varapalo a los tres cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» condenados a 13 y 12 años de prisión (ver la infografía adjunta) al considerarlos una especie de corruptores profesionales organizados en «asociación ilícita» que tras extender sus tentáculos en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre (que ahora se juzga en la Audiencia Nacional) montaron sucursal en Valencia, «aprovechándose de los contactos» y el don de gentes de Álvaro Pérez «en la Comunitat Valenciana, que era quien se encargaba de la obtención de los diferentes contratos» y de «organizar las diferentes manipulaciones de los contratos amañados», según consta en la sentencia hecha pública ayer.
Del lado de los corrompidos, el TSJCV sitúa en la cúpula de esta pieza a Milagrosa Martínez, consellera de Turismo entre agosto de 2004 y junio de 2007 a pesar de que «no sabía ni lo que era Fitur... ¿Me explico?», declaró durante el juicio.
Martínez, exalcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts ha acabado condenada a 9 años de prisión por todas las decisiones que tomó al frente de Turismo: el cambio en la forma de contratar los stands de Fitur, la manga ancha en los gastos extras que confió a su jefe de gabinete (también condenado), la contratación con Orange Market pese a su falta de experiencia como empresa, los «pronto pagos» a la empresa cuando otros contratistas tardaban años en cobrar o las subcontrataciones con las empresas del grupo Correa.
Tres años por el Hublot
También ha sido su perdición el reloj Hublot (valorado en 2.400 euros) que la sentencia considera probado que la trama Gürtel le regaló, por lo que le impone 3 años de prisión y 5.000 euros de multa sólo por este cohecho pasivo, cometido por «La Perla», el apodo que ella negó durante las vistas pero que la sentencia también considera probado que era el sobrenombre con el que era socialmente conocida.
Gracias a este trato preferente concedido por «La Perla» y cuatro de sus subordinados en Turismo y la AVT, la trama Gürtel logró 5,6 millones de euros en contratos sólo en este departamento entre 2005 y 2007. Adjudicaciones que la sentencia considera amañadas, manipuladas al gusto de las preferencias de la trama que logró «indebidas ganancias» que alcanzaron «1,9 millones de euros en beneficios» además de los 276.812 euros que el auto calcula que la Gürtel cobró como sobrecostes en facturas hinchadas o a base de contratar a empresas del mismo Grupo Correa.
Absuelta por ingenuidad
Mucha mejor suerte ha corrido su sucesora en la Conselleria de Turismo, Angélica Such, a quien el fallo del TSJCV absuelve del delito de prevaricación administrativa del que le acusaba la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del PSPV-PSOE, por el que se enfrentaba a siete y diez años de inhabilitación.
Such sale indemne del trámite judicial porque «se dejó llevar, confiando en la experiencia de sus predecesores» en el hábito de contratar con Orange Market y por su «total distanciamiento del equipo técnico» de la Conselleria de Turismo lo que se tradujo en «una falta falta de control o ingenuidad, al confiar plenamente en la gestión de sus técnicos». Una conducta que el tribunal no ve suficiente para condenarla por prevaricación, por lo que ayer fue la única política absuelta junto al jurista Juan Bover, que estaba acusado del mismo delito. Por último, la sentencia rechaza todas las causas de nulidad solicitada por las defensas como la teoría del árbol envenado (tras la condena a Garzón por autorizar las escuchas entre abogados y acusados que alegaban había contaminado toda la causa), o la supuesta ilegalidad de las grabaciones que el concejal de Majadahonda, José Luis Peñas, hizo de sus conversaciones con Correa y que el TSJCV ha validado como prueba en la sentencia ya que el edil participó en ellas.
