La empresa pública Imelsa contrató a 454 personas -cifra que no incluye a los asesores- durante la etapa de Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia, entre 2007 y 2015, bajo la gerencia del autoconfeso yonki del dinero, Marcos Benavent. Aunque no sólo fue una agencia de colocación masiva, también tramitó 283 despidos que tuvieron un coste para las arcas públicas de 3,2 millones de euros. Los datos se incluyen en el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) por encargo del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia en la investigación del Caso Taula.
La conclusión a la que llegan los técnicos de la Intervención es que todos estos contratos se realizaron «incumpliendo los principios rectores de acceso al empleo público, que deben garantizar la igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad». Incluso de la muestra de contratos analizados por la IGAE «en el 54,54% de los casos no queda acreditada la adecuación de la formación o la experiencia del trabajador para el desempeño de las funciones a realizar en su puesto de trabajo».
Aunque la función principal de Imelsa es nutrir de personal las brigadas forestales que realizan labores de mantenimiento y prevención de incendios en toda la provincia de Valencia, la pericial de la IGAE también ha detectado que la empresa nutre de personal a diversas áreas de la Diputación de Valencia. En concreto, 17 trabajadores contratados por Imelsa prestan servicio para el patronato provincial de Turismo, a pesar de que «no consta en la sociedad documentos que acrediten esta circunstancia». Y otros 69 trabajadores contratados por Imelsa «prestan sus servicios para diferentes áreas de la Diputación de Valencia como museos, salas y escuelas vinculadas a ésta».
La empresa pública, además, instauró en 1998 la contratación de asesores que «experimentó un aumento significativo en 2003 (seis asesores), siendo el año con mayor número de asesores el año electoral de 2011 (14 asesores contratados)» distribuidos entre todos los partidos políticos con representación en la Diputación de Valencia. Aunque, curiosamente, «ningún acta del consejo de administración de Imelsa hace referencia a la existencia o nombramiento de asesores ni la contratación de los mismos», constata la IGAE en su pericial. Los interventores advierten, además, que la ley reguladora de bases de régimen local de 1985 y la ley de Función Pública Valenciana de 2010 impedía a empresas públicas como Imelsa «la contratación de personal con funciones de asesoramiento a miembros del consejo de administración», que está compuesto por los diputados provinciales. Divalterra, la empresa heredera de Imelsa, ha suprimido la figura del asesor, según constata al informe pericial.
La Intervención también ha confirmado las elevadas cantidades cobradas en dietas y productividad de directivos de Imelsa, como ya adelantó Levante-EMV. Destacan los emolumentos cobrados por la anterior jefa de recursos humanos de Imelsa, Maria Escrihuela, investigada en la pieza del Caso Taula de los contratos irregulares que obtuvo 74.632,12 euros en productividad, otros 22.917, 78 euros en dietas de 2010 a 2014, además de ser indemnizada con un finiquito de 97.855, 26 euros cuando fue despedida. Otro de los investigados y ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, cobró 59.639,12 ? en productividad, 27.549,70 en dietas y un finiquito de 67.4089 euros cuando fue despedido.
