El asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que archive la investigación por el presunto blanqueo de capitales de los miembros del grupo municipal popular del Caso Taula «por coherencia» con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que el pasado viernes archivó la investigación contra el exconcejal y diputado no adscrito, Miquel Domínguez.

En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la defensa de Salom recuerda que el juez decidió elevar la exposición razonada al TSJCV, en mayo de 2016, para que investigara a Domínguez «porque fue una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros» y que «resultaría incoherente la llamada del resto de aportantes en estas actuaciones como investigados sin llevar a cabo la presente exposición del Diputado aforado». En similares términos se expresó el magistrado en su escrito ante el Tribunal Supremo para que se investigara a la senadora y exalcaldesa, Rita Barberá.

En esas mismas fechas, varios concejales y asesores también solicitaron el archivo de las actuaciones contra ellos, pero el juez las rechazó porque veía «conveniente esperar al resultado de ambas exposiciones elevadas para tomar una decisión mejor motivada a la conclusión de esta instrucción». Por eso ahora la defensa del asesor del Ayuntamiento de Valencia hace suyos «los argumentos del instructor sobre la prohibición de discriminación entre investigados, el carácter unitario del delito de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados, la evitación de pronunciamientos contradictorios entre los Tribunales y el obligado reconocimiento por parte del Juzgado Instructor de la autoridad que emana del TSJCV» por lo que solicita que «de forma urgente e inmediata se decrete el sobreseimiento» de la investigación por el presunto pitufeo contra Luis Salom. En caso contrario, alega la defensa del asesor, se podría «incurrir en una grave y manifiesta incongruencia procesal por falta de coherencia entre sus actuaciones y razonamientos jurídicos que provocaría una efectiva y proscrita discriminación de mi patrocinado respecto del sobreseído».