El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, a través de su departamento de inspección, está estudiando la queja presentada por un empresario que solicita que se investigue la «venta ilegal» de fármacos en diferentes clínicas veterinarias de Valencia ya que, según ley, los veterinarios no pueden dispensar al público fármacos para sus mascotas, sólo administrarlos en el momento o prescribirlos como los médicos.
El denunciante -responsable de un comercio de venta farmacéutica- alega que sigue detectando la venta de fármacos por parte de estos profesionales «incumpliendo el decreto 74/2012 DOGV» que regula los depósitos de medicamentos en establecimientos veterinarios. Esta normativa establece en su artículo tercero que los veterinarios están autorizado a tener y administrar medicamentos «en los supuestos previstos (?) sin que ello implique actividad comercial, con destino a animales bajo su cuidado o cuando la aplicación tenga que ser efectuada por él mismo». Del mismo modo, en la ley 13/2007 de Medicamentos Veterinarios de la Generalitat Valenciana se especifica que las clínicas y hospitales veterinarios tienen «prohibida la venta o dispensación de los medicamentos que formen parte del depósito de hospitales o clínicas veterinarias».
La única excepción es que la clínica cuente con un farmacéutico. De no tenerlo, lo marcado por ley es que se extienda una receta -por ejemplo para los tratamientos crónicos o que se aplican fuera de consulta- para comprarlos en una farmacia o una comercial veterinaria.
Pese a ello, este empresario ha comprobado que esta venta se hace «con asiduidad» y para solicitar que se abra una investigación, adjunta el recibo de una compra realizada en una clínica veterinaria de la ciudad «en la que se dispensaron sin problema fármacos».
El vocal de Veterinaria del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), Antonio Fernández del Moral, confirmó ayer que habían recibido la queja que se ha trasladado a la inspección «por lo que está en estudio». El procedimiento puede archivarse o bien elevarse a la comisión deontológica del colegio oficial, según explicó Del Moral, que es la que «toma una decisión». Si esta comisión «junto con asesoría legal así lo determinan se presenta la oportuna denuncia a la Conselleria de Sanitat, sino hay pruebas suficientes como para iniciar un procedimiento se le comunica a la persona interesada y se archiva», añadió.
