El departamento que dirige Gabriela Bravo confía en desatascar la semana que viene la ley de empleo público y poder así presentarla a la opinión pública. El texto siguió su tramitación, pero la postura de algunas conselleries, como la de Educación o la de Transparencia, amenazaba con convertir la reunión de subsecretarios en un campo de batalla. Bravo no sólo se ha sentado a hablar con Marzà. También ha negociado con el titular de Transparencia, Manuel Alcaraz, molesto porque entendía que uno de los apartados de la ley (la que regula la creación de una oficina evaluación y control interno del personal) eran un atentado a sus competencias sobre inspección de servicios. La pelea competencial parece también haberse resuelto. j. r. valència
