La dimisión del director general y el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, que gestiona la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de València, ha puesto el foco sobre una lacra de los últimos años que se está agravando: la dificultad de los investigadores para consolidar sus becas y contratos temporales en un puesto de trabajo fijo en los centros públicos, porque lo prohíbe la Ley de Presupuestos de la Generalitat.
Así ocurre en el Incliva, que no ha podido consolidar a una investigadora de larga trayectoria cuyo contrato expiraba y eso ha motivado, oficialmente, la salida de sus responsables. Así ocurre en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), donde ya ha terminado el contrato de una beca Ramón y Cajal, y otros cuatro contratados con el programa Miguel Servet ven su futuro amenazado a corto plazo. Así ocurre en todos los centros investigadores.
Y por ello, responsables de la Conselleria de Sanidad y del Sector Público están presionando a la Conselleria de Hacienda para que arbitre «alguna fórmula» o halle un «resquicio legal» que permita retener a estos investigadores. El objetivo es evitar un desmantelamiento de cerebros de los centros investigadores valencianos. Los que se van porque se les acaba el contrato, y los que están a punto de ver finalizada su relación y, debido a las funestas perspectivas que se ciernen sobre ellos, buscan una salida más favorable para su futuro.
Ya se ha producido al menos una reunión entre los consellers de Sanidad y Hacienda sobre esta cuestión, que preocupa en ambos departamentos. Entre hoy y mañana está prevista la celebración de otro encuentro entre responsables de ambas conselleries para avanzar en lo que se considera un problema importante en lo laboral y en lo concerniente a modelo productivo.
Margen de maniobra
Según explican fuentes del Incliva (donde la investigadora en cuestión se ha quedado con un contrato por obra y servicio), la base del problema estriba en el artículo 36.6 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Su contenido es taxativo: «Durante el año 2017, no se procederá a la contratación de personal laboral temporal».
Fuentes de Hacienda aseguran que este artículo se debe a las estrictas imposiciones del Gobierno en materia de reposición de empleados públicos. Pero aun así, parece que puede haber margen de maniobra. Eso es lo que exige Sanidad y el Sector Público para evitar una desbandada de investigadores. Hacienda asegura que tiene «toda la predisposición» a ofrecer una solución. Pero sin cometer ilegalidades. «La dinámica ha cambiado: la ley se cumple, la Intervención funciona. Hay que explorar vías que encajen dentro de la legalidad; soluciones razonables que se amolden a la ley», señalan en privado fuentes de la conselleria que dirige Vicent Soler.
Fuentes cercanas a los centros de investigación resaltan que la voluntad del Consell es poner orden en los excesos que se han cometido en numerosas fundaciones públicas. Pero ese espíritu está dañando la dinámica de la investigación. Hay que encontrar una especie de «excepcionalidad científica» que permita renovar estos contratos temporales en centros de investigación científica, reclaman los afectados.
«Están haciéndose esfuerzos para mantener y fidelizar a los investigadores cuyos contratos acaban», indican en Sanidad, que valoran la predisposición de Hacienda. Ahora faltan los resultados. Todos apuntan a la complejidad del problema y a que se hubiera podido solucionar bajo el gobierno del PP porque antes no figuraban las limitaciones en la contratación que ahora estrangulan al sector público.
