La sentencia de Fitur (con la dura condena de prisión a la expresidenta de las Corts Milagrosa Martínez) golpeó hace una semana al PPCV de Isabel Bonig cuando viajaba a Madrid para participar de la proclamación de Mariano Rajoy. La corrupción volvía a salpicar unas siglas que a duras penas pueden escapar de un endemoniado calendario judicial. Ayer, los asuntos turbios del pasado volvieron a irrumpir en la agenda política, aunque en este caso con una noticia favorable para la marca: la absolución de todos los ex altos cargos valencianos, incluido el exvicealcalde Alfonso Grau, quien fue mano derecha de Rita Barberá. Excepto Grau (que no abandonó su cargo), el resto de acusados (con puesto en la Generalitat) fueron destituidos en aplicación de las líneas rojas contra la corrupción que aplicó el entonces presidente Alberto Fabra.
Su sucesora, Isabel Bonig, asumió esta política de mano dura, una posición controvertida ya que le genera conflictos internos en el partido dada la resistencia de muchos a acatarla (caso de los concejales del Ayuntamiento de València imputados en Taula) y de otros, a respaldarla. En este contexto, la absolución de Nóos es sin duda una buena noticia, primero para los afectados y después para el partido, que se sacude de encima un asunto muy mediático. No es de extrañar que ayer Bonig apretara a quienes en su día pusieron en solfa al Consell.
Ahora bien, también hay derivadas menos satisfactorias para el PP de Bonig. Una de ellas es cómo la sentencia absolutoria será digerida por los ediles de València. El temor en el PP es que, como ocurrió la semana pasada con el archivo de Miquel Domínguez, a quien Bonig ha pedido formalmente el escaño, los antiguos compañeros de Grau (que ya no es concejal) se refuercen moralmente. El problema es que la gestora tiene muchas dificultades para tomar las riendas del partido y de la oposición, con un grupo que no quiere pasar a un segundo plano.
La segunda consecuencia es si, como ocurrió con el fallecimiento de Barberá, lo ocurrido refuerza a quienes exigen acabar con las líneas rojas y ser menos contundente cuando un responsable político resulta investigado por un caso de corrupción. Aquello de poner por delante la presunción de inocencia y aplicar los estatutos nacionales que ponen la línea en la sentencia judicial.
La tercera cuestión tiene que ver con los cambios introducidos el pasado fin de semana en estos estatutos, en concreto, aquellos que introducen la figura de la rehabilitación de los absueltos. La enmienda que finalmente fue asumida recoge que cuando «por resolución judicial firme» se demuestra la «inocencia» de un cargo público que haya abandonado sus funciones debido a una «acusación injusta», el partido, a través del Comité Ejecutivo de su respectivo ámbito territorial, «informará a la opinión pública de su inocencia y promoverá su rehabilitación reputacional».
Además, se le devolverá de manera inmediata su condición de afiliado del PP, con la posibilidad de volver a la vida orgánica del partido y a participar en los procesos electorales. En teoría y en aplicación de los estatutos, Bonig tendría que facilitarles el acto de desagravio.
