La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, y el titular de Educación, Vicent Marzà, acaban de presentar a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical el acuerdo alcanzado sobre la regulación del requisito lingüístico en la nueva ley de función pública, un pacto que, tal como avanzó Levante-EMV, pasa por acortar los plazos, de manera que la competencia del valenciano entre los funcionarios sea una realidad esta legislatura.

El nuevo redactado presentado a los sindicatos muestra la voluntad del Ejecutivo de exigir a todos los funcionarios el conocimiento del valenciano, de tal manera que los futuros aspirantes tendrán que acreditar el conocimiento de la lengua para acceder a una plaza de empleado público. El pacto recoge como novedad que la ley recoga la excepción del personal sanitario, el único que si las necesidades del servicio público así lo determinan podrán estar exentos de acreditar el requisito.

Los detalles del nivel de valenciano exigible a cada empleado se harán por reglamento que deberá aprobarse en seis meses, con lo que se acorta a la mitad los plazos previstos en la ley original elaborada por el departamento de Bravo y que quedó bloqueada por la presión de Compromís.

Si el plazo se incumple, el Consell se compromete a que exigir el mitjà a los grupos A y B; el elemental al C; mientras que la agrupación de profesionales, tendrán que acreditar conocimientos orales.