La guerra abierta entre la Inspección de Trabajo contra 187 municipios valencianos se ha trasladado a los juzgados, como se predijo. Algunos de los ayuntamientos de la provincia de València denunciados por el órgano del Ministerio de Empleo y Seguridad Social están comenzando a ir a juicio por tener durante años a técnicos contratados en calidad de autónomos y no como personal propio. La Inspección desechó las alegaciones de estas poblaciones (las de menos de 5.000 habitantes) y ahora no queda más que la resolución por la vía de lo social en los tribunales.
Según han informado a Levante-EMV fuentes de la corporación provincial, el primer consistorio en acudir a las vistas ha sido Riola, en la Ribera Baixa. También estaba previsto el de Llanera de Ranes (Costera) para el pasado 26 de enero, pero finalmente fue pospuesto. Este mes de febrero se espera que acudan a la cita judicial representantes legales de Alfauir, Favara, Benissuera, y Almoines, según las previsiones y citaciones que se han enviado de momento. Algunas llegan incluso hasta febrero de 2018, como es el caso de Guadasséquies, en la Vall d'Albaida.
De momento han llegado cerca de una decena de citaciones, pero alcanzará a los 187 municipios afectados por las inspecciones que se llevaron a cabo hace unos meses.
«Ahora solo nos queda esperar la sentencia», cuenta a este periódico Judith Capellino, alcaldesa de Riola. Fue el pasado día 18 de enero cuando los dos técnicos que han trabajado durante años para ese consistorio acudieron a declarar. Ambos manifestaron que eran autónomos y que seguían el convenio que también existe en otras diputaciones desde hace casi tres décadas, según detalla la edil, de Esquerra Unida.
Este convenio es el mecanismo que pactaron las corporaciones provinciales con los municipios hace ahora 30 años para que estos pudieran contar con arquitectos, ingenieros y demás perfiles técnicos imprescindibles en el día a día de los pueblos cuyos sueldos no pueden asumir los consistorios pequeños. De este modo, un mismo profesional factura como autónomo para varios municipios a la vez.
Y así durante años, hasta que hace unos meses empezó una inspección en la provincia de Valencia (no así en las de Castelló y Alicante). La Seguridad Social insistió entonces en que se estaba cometiendo una irregularidad y que se debía resarcir con el pago de la contribución de estos trabajadores a las arcas del Estado durante los cinco últimos años, unos tres millones de euros.
La diputación liderada por el socialista Jorge Rodríguez respaldó entonces a los municipios y desde el área de Asesoramiento Municipal, Asistencia y Defensa en Juicio que lleva Conxa Garcia se coordinó una respuesta homogénea a todas las cartas que se iban recibiendo. Las alegaciones fueron rechazadas y las conversaciones entre diputación y delegación del Gobierno tampoco surgieron efecto alguno, por lo que el tema ha acabado judicializado. Ahora, a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Valencia, la corporación está pagando la asistencia letrada de estos pueblos.
En el caso de Riola, la abogada de la defensa solicitó que se incluyera también a la diputación como acusada, ya que era la institución la que ofrecía estos convenios, que siguen en vigor en la mayoría de casos. El requerimiento no fue escuchado y ahora la causa está vista para sentencia, según informa la alcaldesa. «Creo que no van a fallar en nuestra contra. No hay relación laboral demostrable, los técnicos pagaban su cuota de autónomo y nos cargaban el IVA. ¿Ahora tendrán que devolverlo a los ayuntamientos?», se pregunta Capellino.
