La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, y el titular de Educación, Vicent Marzà presentaron ayer al alimón a los sindicatos CC OO, UGT e Intersindical el acuerdo alcanzado para desatascar el conflicto en el seno del Consell en torno a la regulación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública valenciana. Un pacto que, aunque se presentó sin vencedores ni vencidos, supone una victoria para Compromís que hace una semanas frenó la presentación de la ley al entender que era demasiado laxa a la hora de concretar la exigencia del conocimiento del valenciano a los empleados públicos, tanto a los futuros, como a los presentes.

De hecho, dos de las principales reclamaciones del socio de Gobierno (expresadas internamente a través del secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, así como por parte de Intersindical y Acció Cultural) se han recogido en el nuevo borrador, que contiene tres novedades. El punto de partida es el mismo ya que se mantiene el redactado original que establecía como requisito de acceso el conocimiento del valenciano. Pero los cambios vienen a blindar que el requisito sea una realidad esta legislatura, ya que, tal como avanzó Levante-EMV, se acortan los plazos para que se apruebe el reglamento en el que debe fijarse esa acreditación de la lengua «respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones». En concreto, pasa de un año a seis meses. Esa normativa deberá regular la acreditación y contará con el informe previsto de la conselleria competente en materia de política lingüística, es decir, la de Educación en manos de Marzà. Pero el añadido clave es la disposición adicional tercera, que establece que transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley y, en caso de que el reglamento no se haya aprobado, se fijan ya los niveles exigibles que tendrán que acreditarse. A saber: el certificado C1 (equivalente al Mitjà) para los niveles más altos (grupos A1, A2 y B); el B2 y B1(equivalente al Elemental) para los grupos C1 y C2. La acreditación se realizará mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora.

La cláusula es muy similar a la que se recogió en su día en la ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública de las islas baleares. Figuraba en el acuerdo sindical que junto en la misma foto a todos los agentes, pero cuya plasmación en la ley generó el conflicto. Con esta cláusula, las oposiciones de 2019 ya deberían recoger el requisito.

La contrapartida para quienes defienden un tránsito más suave al requisito lingüístico es la incorporación en la ley de una excepción para el personal del ámbito sanitario, algo que también figuran en el acuerdo sindical. «Excepcionalmente, en el ámbito de sanitario y de la salud y para garantizar los servicios públicos, si hay necesidad de personal y este no dispone de la competencia acreditada» las conselleries podrán proveer los puestos con carácter no definitivo con un informe sobre la excepción.

Bravo, que llevó ayer la voz cantante en la reunión, subrayó que el acuerdo alcanzado con Marzà había evitado una crisis interna en el Consell y que una ley tan importante quede bloqueada por un único tema. Sin embargo, la alegría iba por barrios. Intersindical y Acció Cultural valoraron el avance, mientras la FSP-UGT guardó silencio. En la reunión CC OO advirtió que en la negociación de los puestos deberá haber más excepciones al margen de los sanitarios. CSIF, por su parte, se quejó por haber sido excluido de la reunión. La paz firmada, podría ser solo temporal.

La Inspección seguirá con Alcaraz y Bravo evaluará al personal

El desencuentro entre la conselleria de Justicia y la de Transparencia a cuenta de la nueva ley de empleo público también quedó ayer solucionado con una última reunión para clarificar las competencias de unos y otros. El elemento de la discordia era la oficina de supervisión y control interno con competenicas que podían superponerse a las de la inspección de trabajo. Sin embargo, Bravo y Alcaraz hablaron hace unos días para delimitar las tareas. La Inspección de Servicios, con sus actuales atribuciones seguirá bajo la dependencia orgánica de la Conselleria de Transparencia, mientras que la nueva oficina se encargará fundamentalmente de la evaluación del desempeño de los funcionarios. Con estos cambios, Bravo solventa la mayoría de las alegaciones y logra luz verde para la ley. j. r. valencia