El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia que sentará en el banquillo de los acusados a los cabecillas de la trama Gürtel, la cúpula del PPCV cuando estaba dirigido por Francisco Camps y los diez empresarios valencianos que han admitido el delito electoral.
Las vistas han tenido que suspenderse por la baja médica de una de las Fiscales Anticorrupción que ha investigado desde el principio la trama Gürtel, Miriam Segura, junto a Concha Sabadell. Ante la «imposibilidad de comparecer del otro fiscal asignado», Carlos Yañez, el Juzgado Central de lo Penal ha decidido suspender «sine die» la vista que debía haberse iniciado el próximo 13 de marzo. El mismo día también comienza el macrojuicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo en la Audiencia de Valencia.
A la enfermedad de la Fiscal Anticorrupciópn se une la baja médica del titular del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia, como ya informó Levante-EMV, lo que ha obligado a sustituirlo de forma provisional por José Luis de Castro, juez central de Vigilancia Penitenciaria y de Menores de la Audiencia Nacional, que es quien firma la providencia hecha pública ayer en la que se retrasa el juicio por las piezas 1, 2 y 6 de la trama Gürtel en Valencia (los presuntos delitos electorales en las campañas de 2007 y 2008, además de los delitos contra la Hacienda Pública de los cabecillas de la trama Gürtel).
Debido a la acumulación de bajas médicas, el juez De Castro señala en la providencia dictada ayer que el juicio «se señalará a la mayor brevedad posible» teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el titular del juzgado y la Fiscal Anticorrupción del caso.
En el juicio están encausados el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell y director de las campañas electorales Vicente Rambla, el exvicesecretario del PPCV David Serra (también investigado en el Caso Taula), la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez y la extesorera Yolanda García que se enfrentan a penas que oscilan de los 7 años a los seis meses de cárcel.
Nueve de los diez empresarios acusados en esta pieza por pagar trabajos ficticios que, en realidad, servían para supuestamente financiar de forma ilegal al PP suscribieron el 10 de febrero un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para ser condenados a penas inferiores a dos años, sustituibles por multas, a cambio de admitir los hechos que les imputaba el Ministerio Público. Entre los empresarios que han admitido los hechos están Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Corts, Juan Cotino), Enrique Gimeno, Enrique Ortiz, Tomás y Rafael Martínez Berna o Gabriel Batalla.
