La sección segunda de la Audiencia de València obliga a la jueza del caso Blasco, Nieves Molina, a que investigue el ordenador del Centro Penitenciario de Picassent que el empresario condenado por el desvío de las ayudas a la Cooperación, Augusto César Tauroni, utilizó de forma fraudulenta para acceder a internet y, presuntamente, para hacer transferencias, según adelantó Levante-EMV en su edición del 23 de octubre de 2016.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia se negó a investigar los hechos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Inicialmente porque desde Instituciones Penitenciarias negaron la mayor. «No hay nada de qué informar», desmintieron a Levante-EMV. La jueza tampoco se interesó porque, aseguró, «no existe constancia de tipo oficial de la veracidad de los hechos que se publican en el artículo de prensa».

Sin embargo, el director del centro penitenciario de Picassent admitió el 28 de octubre en un escrito dirigido a la Fiscal Jefe de la Provincia de Valencia, Teresa Gisbert, que el empresario condenado a seis años de cárcel por el desvío de las ayudas a la cooperación había podido conectarse a internet a través de un portátil que los responsables del centro le permitieron usar para preparar su defensa en las dos causas que tiene pendientes, a pesar de que el acceso a internet por parte de los presos está totalmente prohibido. Tauroni también tuvo acceso a un teléfono móvil en connivencia con el exconseller Rafael Blasco, según desvelaron varios trabajadores y funcionarios del centro penitenciario a Levante-EMV, aunque este detalle no ha sido admitido por la dirección y fue negado por los dos protagonistas.

A pesar de todas estas evidencias, la jueza Nieves Molina se negó a que la Brigada de Investigación Tecnológica investigara el ordenador utilizado por Tauroni porque «el desvío de las ayudas se produjo en 2009, 2010 y 2011» y el acceso irregular a internet se produjo en la cárcel «durante el curso 2015/2016» por lo que consideraba que ambos hechos eran muy lejanos en el tiempo y no tenían relación.

La jueza también consideró «no relevantes ni de interés las diligencias de investigación» sobre el ordenador usado por Tauroni además de . Y como consideraba que la «fase de investigación estaba próxima a finalizar», rechazaba investigar el ordenador de Tauroni porque la causa se retrasaría. Aunque sí recomendaba a la Fiscalía Anticorrupción que denunciara los hechos ante un juzgado de Picassent «por ser el partido judicial del lugar donde ocurrieron los hechos», acogiéndose al artículo 17 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que prevé que «cada delito dé lugar a una única causa» y sólo se investiguen de forma conjunta los delitos conexos. Argumentos que ahora desmontra la sección segunda de la Audiencia de Valencia que corrige a la jueza Nieves Molina y la obliga a realizar las diligencias a las que ha se había negado hasta ahora. De hecho, en la sentencia en la que ha sido ponente la magistrada Rosario Fernández Hevia, el tribunal advierte a la magistrada de Instrucción 21 que realiza una «interpretación restrictiva» del artículo 17 de la Lecrim. Y le recuerdan que este mismo texto también prevé «la posibilidad de que aun cuando no se aprecie ninguna regla de conexidad, se pueden investigar hechos delictivos cometidos por una misma persona que tengan analogía o relación entre sí».

Los magistrados también recuerdan a la jueza del caso Blasco que el «espíritu que subyace en el artículo 17» de la Lecrim, al que ella recurre para negarse a investigar el ordenador de Tauroni, también supone «seguir el rastro del dinero y bienes que constituyen el beneficio de actividades delictivas como las investigadas con un doble objetivo: una mejor explicación de los instrumentos delictivos utilizados en la comisión del hecho antecedente al blanqueo de capitales para salvaguardar el patrimonio obtenido y abrir la posibilidad de recuperar por los perjudicados aquellos de los que han sido debidamente despojados».

En cualquier caso, la sección segunda de la Audiencia de Valencia considera que en «los hechos que el Ministerio Fiscal pone en conocimiento del Juzgado Instructor existen indicios de la posible comisión de hechos delictivos mas allá de la responsabilidad disciplinaria en que el interno haya podido incurrir». La jueza deberá pedir a la policía que rastree el ordenador del empresario y mano derecha de Rafael Blasco. También podrá preguntárselo en persona, en la comparecencia a petición propia de Tauroni prevista para el 1 de marzo.