El Tribunal Supremo ha dado el golpe de gracia a la frecuentemente invocada autonomía y competencia municipal en materia de residuos rechazando en casación la decisión del ayuntamiento de Ontinyent de mantener una gestión propia de los residuos generados en su término municipal al margen de la que realiza el consorcio del Plan Zonal de Residuos, zonas X,XI y XII, al que quedó adscrito por mandato del Plan Integral de Residuos impulsado por la Generalitat.
La sentencia, aunque circunscrita inicialmente a Ontinyent, tiene repercusión en otros municipios reticentes a integrarse en la disciplina mancomunada de los consorcios, como en la Vega Baja, e incluso a abandonarlos cuando no les agrada su gestión o cuando se decide por el resto que disponen de un terreno idóneo y centrado para la gestión y eliminación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
Según el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer, quedaban «muy pocas poblaciones» que mantuvieran abierta la vía judicial con recursos y la sentencia puede suponer el abandono definitivo de este camino de enfrentamiento.
«Todos los municipios de esta comarca están ahora mismo en fase de integración, gracias al convenio de colaboración que firmamos el Consorcio y la Mancomunidad a instancias de la Generalitat Valenciana en el propio Ontinyent.
Dentro de la «eterna» guerra de las basuras, ahora más calmada, municipios del PSPV amenazaron con abandonar los consorcios cuando estaban en manos de alcaldes del Partido Popular y viceversa, mientras que ayuntamientos como Ontinyent sostenían a título individual una larga batalla legal -ahora sin recorrido- argumentando que sus costes de gestión eran inferiores a los del consorcio.
El recurso presentado por Ontinyent contra la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Transferencia, Transporte, Valorización y Eliminación de residuos urbanos y ecoparques aprobada por el consocio del Plan Zonal de Residuos que afecta a esta población en 2013, ya fue desestimado por el TSJ de la Comunitat Valenciana y ahora rechazada en casación por el Tribunal Supremo, por lo que no caben recursos.
