Las reclamaciones presentadas en los tribunales por Marina d'Or Golf contra la Generalitat, después de que los tribunales anularan el planeamiento urbanístico aprobado por el antiguo gobierno autonómico del Partido Popular, elevan a algo más de 920 millones de euros.
La Generalitat se dispone a hacer frente a un «aluvión» de reclamaciones que, de ser falladas favorablemente en los tribunales, supondrían, de facto, la bancarrota de la Comunitat Valenciana y de sus instituciones.
Los tribunales de Justicia han ido anulando los planes urbanísticos del PP porque se aprobaron sin el visto bueno de los preceptivos y vinculantes informes de las confederaciones hidrográficas sobre disponibilidad de recursos hídricos o inundabilidad, o bien por tramitarse sin los informes preceptivos de evaluación ambiental.
Los anteriores gobiernos del PP no solo ignoraron las advertencias que llegaban de la oposición, los grupos ecologistas y vecinales e incluso de los propios municipios, sino que siguieron aprobando planes que han sido finalmente anulados «por no seguir los procedimientos de tramitación».
En los últimos meses, numerosos promotores y particulares, propietarios de suelos urbanizables y urbanos reclaman responsabilidades a la Generalitat e indemnizaciones de grandes cantidades de dinero por la deficiente tramitación realizada.
Los últimos en sumarse a estas demandas han sido los promotores del PAI Marina d'Or Golf Cabanes. Los propietarios de terrenos incluidos dentro del Plan Parcial piden 15.293.862 euros, mientras los titulares del Plan Parcial anulado por sentencia firme el 17 de enero de 2016, con el que pensaban urbanizar cerca de 8 millones de metros cuadrados, exigen una indemnización de 587.650.579 euros.
El plan preveía urbanizar 8 millones de metros cuadrados pero no pasó por el filtro de la ley estatal de Evaluación Ambiental de 2006.
Los últimos en incorporarse a este rosario de reclamaciones millonarias han sido los titulares de un PAI de 164.000 metros cuadrados en el Campello que reclaman 1.216.950 euros.
Al pleito de Marina d'Or le sigue por la cuantía exigida en los tribunales la de les Rotes en Dénia (71 millones) y la de la ZAL en València (54,9 millones).
