Son el cuerpo de élite del conocimiento español del futuro: investigadores predoctorales, con licenciatura y máster, y posdoctorales, con la tesis ya leída. Han logrado un contrato como investigador, financiado por el Estado, en una universidad o centro científico. Tienen desde los 24 años hasta los 35 o más allá. Hasta ahora, el Ministerio de Empleo los consideraba trabajadores temporales con contrato «por obra y servicio» (código 401). Pero su catalogación administrativa ha cambiado. Una reforma del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha modificado la codificación administrativa de estos trabajadores de la ciencia, que pasan a encuadrarse dentro de los «contratos en prácticas» (código 420).
Reina la incertidumbre. Nadie sabe cómo les afectará en la práctica. Si perderán el derecho a finiquito por finalización de contrato que muchos de ellos tienen, por ejemplo. Así está Javier Alonso del Real Arias. Tiene un contrato FPI (Formación Personal Investigador) en el CSIC, que firmó en 2014. Por obra y servicio. Ahora acaba de comprobar en el historial de su vida laboral que el contrato que en su día firmó bajo el código 401 ahora figura como 420. Como trabajador en prácticas. «Nos sentimos menospreciados. Parece que no seamos profesionales, cuando tenemos una responsabilidad como cualquier compañero nuestro», dice Javier, investigador en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) de Paterna.
Miguel Morard, bioinformático de 28 años, cuestiona que el cambio se haya producido «sin aviso, de forma unilateral, y retroactiva a todos los profesionales contratados». Critica que la gran parte de los trabajadores de la investigación en España, hasta edades de más de 35 años, sean ahora considerados como trabajadores en prácticas. «Eso es denigrante después de licenciaturas de cinco años, de un máster de año y medio y de un concurso tremendo para lograr esos contratos», afirma este investigador de la Universitat de València.
En la misma línea se expresa Alba Yépez, investigadora en ciencia y tecnología de los alimentos en la Universitat. Tiene un contrato FPU desde 2013 y cree que «la consideración de trabajador 'en prácticas' no es adecuada al nivel que tenemos ni al trabajo que realizamos: siempre lo acaba pagando el mismo sector».
Finiquito en el aire
¿Qué ocurrirá? Miguel Morard sostiene que «este cambio no es un mero cambio de nomenclatura. Parece que nadie reparó en las posibles consecuencias legales y ahora todos estamos en un limbo legal que no sabemos cómo se resolverá». Óscar Requena, representante en el claustro de la Universitat de València del Personal investigador en formación (PIF), advierte que «el punto más controvertido es el de la indemnización por fin de contrato. Es algo que la norma específica no recoge ni prohíbe».
A su juicio, no es correcto catalogar el trabajo de los investigadores predoctorales ni como contrato por obra y servicio ni en prácticas. Él, investigador precisamente en Derecho del Trabajo, dice que no es posible asimilar ni ajustar la regulación del trabajo de los investigadores predoctorales a la de ninguna modalidad contractual existente a día de hoy en el Estatuto de los Trabajadores.
Lo deseable, reivindica, sería otorgar «un código distinto al contrato predoctoral». Y, de cara a los próximos contratos predoctorales, recordar a los centros de investigación y universidades que en adelante no están obligados a incluir el derecho a la indemnización por fin de contrato ni a pagarla. Pero que, si quieren ahora dejar de pagarla, «el cambio solo podría tener efectos sobre quienes firmen este año por primera vez su contrato predoctoral, pero no sobre aquellos investigadores que este año firmen la prórroga del mismo».
Óscar Requena asegura que han comprobado que, en los últimos meses, con la modificación ya realizada, «algunos empleadores han continuado pagando indemnizaciones por fin de contratos predoctorales». Pero la incertidumbre sigue.
