El Consell y el Gobierno central empezaron ayer a trabajar con el fin de evitar que algunos artículos de la ley de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals (la nueva RTVV) acaben en el Tribunal Constitucional, lo que supondría un obstáculo más para la reactivación de las emisiones públicas.

Uno de los puntos principales de conflicto es la relación del nuevo ente con los trabajadores del desaparecido Canal 9 a la hora de proveer su plantilla. No hay posiciones establecidas al respecto, de momento, informó ayer la Generalitat. Es un proceso complejo de debate jurídico, agregaron las citadas fuentes.

Habrá que esperar quince días (el plazo es orientativo). Es el tiempo en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha comprometido a enviar al Consell una propuesta de nuevo redactado para los tres artículos en conflicto.

El secretario autonómico de Comunicación, José Maria Vidal, encabezó ayer la delegación valenciana en Madrid. El alto cargo se mostró «satisfecho» tras la reunión del grupo de trabajo y confiado en la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes. Destacó que la comisión bilateral seguirá trabajando en busca de una «solución acordada», según el comunicado de la Generalitat.

El Ejecutivo de Rajoy centraba sus quejas en los artículos 42 (relativo a cláusulas sociales y medioambientales en la contratación) y 46 (sobre régimen de personal), así como en la disposición transitoria novena.

Esta establece que en las contrataciones temporales -las previstas para los primeros meses de funcionamiento- se valorará como mérito diferenciado haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo.

Además de Vidal, la representación valenciana estuvo formada por el subsecretario de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero; el director de Asuntos Consultivos de la Abogacía de la Generalitat y el secretario general de la CVMC.

La creación de una comisión bilateral sobre la ley de RTVV se remonta al pasado mes de octubre. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se han sentado a la mesa los representantes de ambas partes. Esta tardanza reduce el margen de un posible acuerdo, ya que existe un plazo acotado para el diálogo: nueve meses. Si la comisión bilateral no ofrece resultados en este tiempo, el asunto acabará en el Constitucional.