La Conselleria de Territorio y Vivienda ha detectado «decenas» de alegaciones contra el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral Valenciano (Pativel) basadas, según aseguran, en una «errónea» o insuficiente lectura de la norma autonómica, que solo afecta, recuerdan, al suelo «rural» y no al «urbano», como es el caso de las cuatro zonas de la Comunitat Valenciana que la Ley de Costas excluyó de las estrictas limitaciones vigentes para el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

Según los alegantes, entre los que se encuentran particulares y ayuntamientos gobernados por el PP, PSPV y Compromís, la no inclusión de la Ley de Costas en el Pativel podría derivar en su nulidad.

El conflicto afecta a pequeños espacios urbanos ­-no a todo el litoral-delimitados en las disposiciones normativas de la Ley de Costas y situados en Serra Grossa y Santa Pola, en Alicante; Xilxes, en Castelló; y Oliva, en Valencia.

En conjunto, la Ley de Costas excluyó 1.426 viviendas «históricamente consolidadas», 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en Castelló. Sus propietarios creen, «erróneamente» según fuentes de la conselleria, que el Pativel les impide completar la desafección de sus propiedades del DPMT, un proceso paralizado por la interinidad del Gobierno en funciones.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio responderá en breve estas alegaciones, aunque fuentes del departamento que dirige María José Salvador insisten en que obedecen a una «errónea» lectura o a un asesoramiento «interesado».

Según recoge una de las alegaciones y la exposición de motivos de la Ley de Costas, las cuatro zonas excluidas de la ley de Costas en la Comunitat Valenciana son «áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizadas»; es decir, suelo «urbanizado» independientemente de su clasificación.

Por el contrario, el artículo 3.1 de la normativa del Pativel, que delimita su ámbito de aplicación, asegura que el plan solo «regula los suelos en situación básica de suelo rural», es decir, los inalterados, no aquellos que se han salvado de la piqueta precisamente, entre otras razones, por albergar edificios desde mucho antes de que se elaborara la Ley de Costas de 1988.

Un artículo controvertido

Tampoco el apartado «g» del artículo 16 del Pativel afecta a estos espacios, según explican en la conselleria.

El artículo establece que en «el caso de reducción de la zona de dominio público marítimo terrestre» -fruto siempre de los deslindes que realiza el Estado a través de Costas-, «el planeamiento urbanístico incorporará los terrenos desafectados con la misma categoría de protección que los colindantes». Si son colindantes con suelos urbanos o urbanizables, se incorporarán como zonas verdes».

De nuevo, se trataría solo de terrenos «rurales» que un deslinde excluya del DPMT, no de suelos «urbanos», en el sentido de ocupados por viviendas o edificaciones y a los que no afecta «para nada» el Pativel, insisten.

Infraestructuras está finalizando ya la respuestas a las alegaciones al Pativel y volverá a abrir un segundo periodo de exposición pública de 20 días para nuevas alegaciones en las que espera se hayan superado ya lo que considera «malentendidos».