La Generalitat Valenciana no va a distinguir entre inmigrantes, emigrantes y refugiados. Tampoco va a elegir entre refugiados o inmigrantes. De hecho ha dejado de ignorar a los denominados inmigrantes «sin papeles» y ahora no va a dar un paso atrás. Con la entrada del nuevo gobierno autonómico, la política respecto a personas en situación irregular cambió de forma radical. El Consell estima que hay unas 30.000 personas en la Comunitat Valenciana que no tiene regularizada su situación.
Una de las primeras actuaciones del Consell fue firmar un decreto que concede la tarjeta sanitaria a cualquier persona que la solicite en la Comunitat Valenciana, aunque no tenga en regla el permiso de residencia. Por el momento, fuentes de la Conselleria de Sanidad estiman en 13.000 las tarjetas SIP emitidas a inmigrantes «sin papeles». A la tarjeta sanitaria le siguió la sustitución de la antigua red Agencia de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (Amics) -ideada por el exconseller Rafael Blasco- por la nueva red denominada Pangea, en alusión a la antigua tierra, la anterior a la separación de los continentes.
Más allá del nombre, este entramado de oficinas trabaja, por primera vez, con inmigrantes en situación irregular. Pero ahí no queda la cosa. El último anuncio lo dio la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra: los inmigrantes irregulares podrán solicitar la renta valenciana de inclusión (anteriormente denominada renta garantizada de ciudadanía), una ayuda para personas con muy pocos recursos y que ocislará entre los 266 y los 532 euros al mes.
Sin embargo, mientras el Consell está inmerso en trabajar por primera vez con aquellas personas que eran «invisibles» para la Administración, la Comisión Europea (CE) le ha pedido a los países miembros que expulsen, cuanto antes, a sus inmigrantes «ilegales», para que acojan en sus territorios a los refugiados que tiene obligación de reubicar. El Consell no es que niegue -que se niega- es que asegura que pondrá todo su empeño en evitar deportaciones por ese motivo. Y sabe cómo hacerlo.
El secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, lo tiene claro: «Los que tengan tarjeta sanitaria, reciban la renta garantizada de inclusión, tengan a sus hijos escolarizados, cuenten con un expediente abierto de atención en las oficinas Pangea, incluidos quienes que no tienen regularizada su situación, adquieren el estatus de ciudadano. Eso queremos. Porque cuando uno pasa a tener ese estatus, adquiere derechos y deberes, y no puede ser deportado. Ese es nuestro objetivo».
Además, en su opinión, « la petición de la Comisión Europea es una barbaridad y una medida totalitaria y racista que recuerda a una Europa fascista que avergüenza a este Consell. Este gobierno no va a elegir entre refugiados e inmigrantes. No vamos a ignorar a las personas que no tienen regularizada su situación porque nuestro objetivo es el contrario, queremos incluirlos», insistió.
Sin embargo, las competencias para asumir la petición de la Comisión Europea sondel Ministerio del Interior, lo que no significa que la Generalitat Valenciana se quede con los brazos cruzados. Por ello, Ibáñez afirmó que desde el Consell «veremos a ver cuánto se estira la cuerda, pero nosotros no vamos a deportar a nadie». Respecto a los menores escolarizados fue tajante: «Si está escolarizado, no se mueve».
Los que no llegan
Desde Bruselas instan a los países a cumplir con los objetivos de acogimiento previstos, lo que desde la Generalitat Valenciana sí aplauden pero «sin que sea en detrimento de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular porque no hay inmigrantes de primera clase y otros de segunda y, desde luego, este Consell no establece diferencias entre las personas», remarcó el secretario autonómico de Inclusión.
De hecho, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ecuentra de viaje en Bruselas donde «ha tratado de sensibilizar a los resposnables españoles y les ha trasladado la necesidad de que medien con el Gobinero de España para que las autonomías tengan más voz en este tema».
