El propietario del Holding Empresarial Avialsa SL, Vicente Huerta, investigado en el conocido como el «cártel del fuego», que investigan el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt por, presuntamente, pactar precios de los aviones de extinción de incendios y sobornar a políticos y funcionarios para obtener un trato de favor, ha fichado al exmagistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, para que codirija su defensa, según el escrito de aceptación del letrado, presentado el pasado 3 de marzo.
Bacigalupo fue magistrado del Tribunal Supremo durante dos décadas y participó en los juicios de los casos Sogecable, Filesa y Gal. Recientemente se ha encargado de la defensa del jugador del FC Barcelona, Leo Messi, (condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal por la Audiencia de Barcelona en julio de 2016, que ha sido recurrida ante el Supremo) y también ha participado en el juicio recién concluido por las tarjetas Black de Caja Madrid en representación de siete acusados.
El abogado madrileño de origen argentino llega al Caso Avialsa para hacerse cargo, básicamente, de la pieza separada que acabará de instruirse en la Audiencia Nacional, tras inhibirse el pasado 14 de diciembre el juez de Instrucción 2 de Sagunt, Héctor Santamaria, al estar afectadas seis comunidades autónomas y cuatro países en la investigación del «cártel del fuego».
La investigación realizada por el magistrado de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción detectó la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y falsedad en documento mercantil en conexidad con los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta de funcionario público.
Al empresario de Sagunt también se le investiga en otras dos piezas separadas del «cártel del fuego» por el supuesto trato de favor que logró en la concesión de las ITV de la aviación, conocidas como CAMO, por la que también ha acabado imputado un funcionario de Aviación Civil, y por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que presuntamente habrían cometido las empresas de su holding.
