Solo uno de cada tres empleados del sector público empresarial de la Generalitat se ha sometido a alguna prueba selectiva para acceder a su actual puesto de trabajo. El dato no es estimativo. Es la conclusión a la que ha llegado la Secretaría Autonómica del Sector Público Instrumental, dependiente de la Conselleria de Hacienda, después de analizar toda la documentación que, tras mucho insistir y con una sentencia judicial de por medio, le ha proporcionado el grueso de las firmas y fundaciones.
Por primera vez, el Consell tiene en su poder una relación detallada de todas las plantillas, un total de 5.566 personas, que conforman un colectivo muy heterogéneo y que, tal como siempre se ha sospechado, en su mayoría fue contratado «a dedo». Lo que en su día la izquierda calificó como los «enchufados» de la administración popular conforman las dos terceras partes de esta pata de la Administración, un sector que encuentra en pleno proceso de reconversión y que se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del departamento que dirige Vicent Soler.
Los datos, a los que ha tenido acceso Levante-EMV, ofrecen una radiografía muy clara de cómo la falta de controles y de ofertas de empleo público han pervertido en el sector público los principios de mérito, igualdad y publicidad que deben regir el acceso al empleo público. Así, de los 5.566 trabajadores a sueldo de la treintena de entidades que han proporcionado datos a Hacienda, sólo unos 1.899 pasaron algún tipo de prueba selectiva.
Sólo hay 47 funcionarios, mientras que 1.852 son personal laboral fijo tras algún proceso selectivo, no necesariamente una oposición. El resto, hasta llegar a los más de 5.000, comprende un amplio abanico de situaciones que va desde los 1.496 laborales fijos sin ninguna prueba selectiva; los 1.089 por obra y servicio; los 551 interinos (laborales temporales); los 471 indefinidos y las 60 plazas vacantes.
Más allá de los datos globales, el desnudo de cada una de las plantillas evidencia situaciones desiguales, ya que no todas las entidades han funcionado por igual a la hora de contratar personal. Así, por ejemplo, hay firmas públicas con una situación muy regularizada. Así, en Ferrocarrils de la Generalitat, por ejemplo, la sociedad mercantil con más plantilla (1.513 personas), el grueso de su personal (1.409) es laboral fijo con procesos selectivos. En el extremo opuesto está Vaersa. Sus 1.253 empleados han sido seleccionados «a dedo»: 748 son laborales fijos y el resto contratos de obra y servicio.
La tercera entidad en importancia por número de empleados, el Instituto Valenciano de Acción Sanitaria (IVAS) también tiene complicado explicar el origen de sus empleados, ya que sólo 126 pasaron pruebas. Llama la atención los 173 indefinidos, una etiqueta que sólo deberían tener aquellas personas que han logrado consolidar su puesto a base de sentencia judicial. No es el caso, mantienen las fuentes consultadas de este colectivo, cuya condición de indefinidos se hizo por procedimiento administrativo. En total, en todo el sector público hay 471 personas que tienen la condición de indefinidos por ir a los tribunales.
En el apartado de fundaciones, es donde la contratación digital más ha campado a sus anchas. Así, los 260 empleados del Palau de les Arts Reina Sofia entraron «a dedo». En la polémica fundación para el fomento de la investigación sanitaria (Fisabio), sólo hay un funcionario, mientras que las restantes 90 personas son «indefinidas».
La información sobre las plantillas es clave para Hacienda, cuya voluntad es sanear estas situaciones como paso previo aprobar la nueva ley de sector público. El temor es dar carta de naturaleza a irregularidades del pasado. La información, con todo, está incompleta. La Agencia Valenciana de Turismo aún no ha facilitado los datos. Precisamente, la entidad está en el punto de mira porque su proceso de reconversión en organismo público
