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Baile de nombres

El juez archiva las coacciones en el Clínico al equivocarse el fiscal de víctima

La denuncia del fiscal identificaba como presunta coaccionada a la periodista que informó de la noticia

Si no hay víctima, no hay causa. Esta es la conclusión a la que ha llegado la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de València que ha archivado la investigación abierta tras recibir una denuncia de la Fiscalía para determinar si los responsables de Anestesiología del Hospital Clínico de València habían incurrido en un delito de coacciones contra una colega por «aconsejarle» en una llamada de teléfono grabada y difundida no ocupar la plaza obtenida por bolsa de trabajo.

Y todo, por un error de la Fiscalía. En el documento del fiscal, en vez del nombre de la anestesista presuntamente coaccionada se incluyó como supuesta víctima a Miriam Bouiali, la periodista de Levante-EMV que dio la noticia nada más conocerse el contenido de la polémica grabación telefónica. Así, sin víctima localizable, la juez ha entendido que no queda acreditada la « del delito» por lo que ha decidido archivar la investigación en un auto fechado a finales de noviembre.

«Incoadas diligencias previas al poder encontrarnos ante un delito de coacciones se efectuaron las oportunas gestiones para averiguar datos e identidad real de la misma, habiendo resultado todas ellas infructuosas ya que la persona que aparece en la denuncia de la Fiscalía Provincial es errónea puesto que Miriam Bouiali, parece ser la persona que escribió el artículo periodístico que dio noticia del hecho», reza el auto de la juez.

La verdadera afectada, una anestesista que finalmente optó por no ocupar la plaza, no quiso denunciar y optó por difundir la grabación de la conversación que mantuvo con una responsable del servicio del hospital Clínico a través de un sindicato. Quería que se supiera lo que estaba pasando en la sanidad valenciana pero manteniéndose al margen lo máximo posible. En la grabación se le decía, entre otras cosas, que renunciara a la plaza y no llegara siquiera a ocuparla, cosa que finalmente hizo. «Aquí no puedes entrar así; haremos un informe negativo y estarás un mes», se le advirtió.

La difusión de la grabación causó un gran revuelo ya que era la primera vez que una afectada se atrevía a hacer pública una situación que en el entorno sanitario es más que conocida. Fue la junta de personal del Hospital Clínico la que decidió ponerla en manos de la Fiscalía que, tras investigarla, presentó una denuncia ante los juzgados ya que veía «indicios de delito» en la actuación del jefe de Servicio de Anestesiología (que presentó la dimisión pero no le fue aceptada) y de la doctora que hizo la llamada en cuestión. Sin embargo, el error de la Fiscalía ha dado al traste con la investigación: «No existe ni el más mínimo indicio que permita conocer quién es la víctima de las supuestas coacciones efectuadas vía telefónica (...) ante tal circunstancia procede acordar el sobreseimiento provisional de la causa».

Eso sí, la juez deja la puerta abierta a que, si en un futuro la presunta afectada es localizada pueda «reabrirse la causa». De hecho, la juez encargó a la policía judicial que averiguase quién puede ser la verdadera víctima de las coacciones. En el caso de que la Policía Nacional aporte nuevos datos, la causa de las coacciones, como sucede con cualquier delito archivado provisionalmente y no prescrito, podría ser reabierta.

Expedientes disciplinarios

La grabación de estas presuntas coacciones ejemplificaba una práctica conocida en el seno del mundo sanitario pero soterrada por unos y por otros. La Conselleria de Sanidad anunció tras conocerse este primer caso en el Clínico que iban a ser «inflexibles» con estas prácticas y, de hecho, abrieron un expediente disciplinario contra los implicados del servicio de Anestesiología que se paralizó una vez el caso pasó a los juzgados. Lo mismo sucedió con la investigación paralela abierta por el Colegio de Médicos.

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