La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo,advirtió ayer de que cualquier proceso de integración del personal del sector público en la Administración de la Generalitat «tendrá que adecuarse a lo que establece el ordenamiento jurídico». En concreto, la responsable del área de Función Pública precisó que cualquier posible traspaso de personal del sector público empresarial a la Generalitat «tiene que ir precedido por los principios de igualdad, mérito y capacidad en todos los ámbitos».
La titular de Justicia se pronunció en estos términos al ser preguntada por los datos desvelados por Levante-EMV en su edición de ayer sobre personal en las empresas y fundaciones públicas, una plantilla de más de 5.500 personas que en su inmensa mayoría accedió a su puesto de trabajo sin proceso selectivo alguno.
En concreto, sólo 1.899 personas, es decir, uno de cada tres entraron tras pasar por algún proceso selectivo y no necesariamente una oposición. Los datos han sido recopilados por la secretaría autonómica del Sector Público Instrumental, adscrita a la Conselleria de Hacienda, de manos de las propias entidades.
La conclusión final, la constatación de una pata de la administración construida durante la etapa popular a base de contratos a dedo, es una bomba de relojería.
La Conselleria de Hacienda está elaborando una nueva ley para regular el sector público empresarial, pero necesita saber con qué se encuentra y pensar bien los pasos legales para evitar consolidar derechos laborales de personas que llevan años en nómina, pero que accedieron sin pruebas selectivas.
La reconversión de las entidades puede tener consecuencias. Es el ejemplo, contado por este diario, de la Agencia Valenciana de Turismo, que quiere convertirse en organismo de derecho público y que su personal quede integrado en la Generalitat. Los sindicatos creen que sería una entrada por la puerta falsa y aseguran que la ley actual de función pública lo impide. Temen, además, que otros entes de derecho público quieran seguir los pasos propuestos por Turismo y la relación de puestos de trabajo de la Generalitat se acabe llenando de laborales, en su mayoría temporales, que accedieron sin oposiciones.
Desde la UGT se considera que un proceso transitorio (el paso a la Administración en tanto se convocan oposiciones y se consolida el empleo) no sería aceptable porque en la Generalitat las situaciones provisionales acaban eternizándose.
Preguntada ayer, Bravo mantuvo que no le preocupa la reconversión de los trabajadores en el sector público si este proceso de integración «se realiza dentro del marco legal».
La consellera recalcó que cuando se lleven a cabo estos procesos de integración, Función Pública «tendrá que emitir el correspondiente informe». «Y desde luego lo estudiaremos», garantizó. Bravo recordó que la propia ley de medidas de racionalización del sector público del año 2013 «establece el procedimiento y las condiciones que podían posibilitar esa integración». Además, señaló que en el anexo de esa ley «se refiere cuáles son o a qué organismos va referida» y que «posteriormente incluso se acordó la extinción de las fundaciones del sector público».
