El decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) está en su tramo final, con la apertura del trámite de alegaciones (quince días). El departamento, cuyo despliegue no puede tener incidencia en los presupuestos de gastos de la Conselleria de Educación y Cultura y que será atendido por personal de esta (así lo recoge expresamente el proyecto), nace por «la necesidad de vigilar la lengua que más protección necesita», explicaron ayer fuentes próximas al conseller Vicent Marzà.
No obstante, si llega alguna queja sobre el castellano «se tramitará y se resolverá», señalaron.
Aunque el concepto de derechos lingüísticos abarca a los dos idiomas oficiales, el foco está puesto sobre el valenciano, la lengua minorizada y sobre la que periódicamente aparecen denuncias de vulneración de los derechos de los usuarios, agregaron las citadas fuentes. El último caso ha sido en Benidorm.
El proyecto de decreto incide, en este sentido, en la «vulnerabilidad» del idioma propio. Para evitarla, añade, surge la necesidad de que los poderes públicos pongan a disposición de la ciudadanía un órgano «institucional» especializado en la atención de casos de discriminación lingüística.
El objetivo final, sentencia el proyecto de decreto, es ayudar a restablecer en la sociedad «la normalidad de los usos» del valenciano como lengua oficial.
El articulado contempla que la futura ODL actúe de oficio («cuando considere que determinados hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía») o a instancia de cualquier persona que presente una queja, una consulta o una sugerencia. Son los tres procedimientos previstos en la normativa, que desecha los escritos anónimos.
El proyecto no contempla un régimen sancionador. Eso sí, el órgano de la Administración afectado por una queja o consulta tendrá «la obligación» de tomar las medidas para «enmendar» los hechos denunciados y prevenir que no se reproduzcan.
