Al menos 12 municipios valencianos han presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH) y más de 200 podrían hacerlo en los próximos días si el Gobierno no emite una señal que pueda interpretarse como la voluntad de cambiar una normativa que ha sido elaborada « de espaldas» a la geografía y la legislación valenciana.

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, que ayer se reunió con alcaldes y representantes locales de los municipios de l´Horta Sud afectados por la nueva normativa estatal que regula las limitaciones aplicables al suelo inundable, aseguró ayer que esperaba una «moratoria» en la aplicación del Reglamento de DPH. «Sería un buen gesto que indicaría una voluntad de diálogo. La Generalitat ha optado por presentar un requerimiento previo a la presentación de recursos para facilitar la posibilidad de un acuerdo», aseguró Salvador.

El «drama» para estos municipios, a los que un «dibujo de brocha gorda», se quejan, convierte en «inundables» es difícil de calibrar, aunque en poblaciones como Alfafar, el nuevo reglamento impide las edificaciones y algunos cambios de uso en el 94% del territorio.

El alcalde de Albal, Ramón Marí, que coordina los ayuntamientos afectados en l´Horta Sud, subrayó la gravedad de las limitaciones del nuevo reglamento. «Lo descubrimos porque alguien solicitó un cambio de licencia de actividad y nos advirtieron de que era imposible con la nueva regulación», aseguró.

En la Comunitat Valenciana, 299 de 542 municipios tienen riesgo de inundaciones. En un 55% de los mismos existe un riesgo «bajo» o «excepcional» que estadísticamente se puede concretar cada 500 años. Con el nuevo reglamento, en vigor desde el 30 de diciembre, todo el territorio con riesgo bajo sufre limitaciones. Se prohíbe construir por debajo de la cuota de inundación y solo con garajes estancos cuyo coste de construcción resulta prohibitivo; no se permiten edificios de servicios y se prohíben determinadas actividades.

«Han ignorado el Patricova»

La consellera justifica la presentación de un requerimiento al Gobierno central en que el reglamento estatal «no respeta las competencias autonómicas y no tiene en cuenta los territorios que han regulado el riesgo de inundación a través de una normativa específica como el Patricova».

Salvador recordó que el Patricova, aprobado en 2002 y revisado en 2015, «ya regula el riesgo de inundaciones» y lo hace «de una manera más pormenorizada , singularizada y adecuada a la realidad territorial de la Comunitat Valenciana».

La consellera destacó que el Patricova es «un referente en Europa» que establece hasta 7 niveles de inundación y que permite la posibilidad de realizar estudios de detalle que analizan el riesgo en ámbitos concretos «y a una mayor escala de precisión».

En el encuentro, en el que participaron los alcaldes y alcaldesas de Albal, Picassent, Xirivella, Sedaví, Quart de Poblet, Silla, Aldaia y Alcàsser, y representantes de Alfafar, Massanasa, Beniparrell y Picanya, además del director general de Ordenación del Territorio y Paisaje, Lluís Ferrando, se acordó trabajar en una guía metodológica para resolver licencias afectadas por el riesgo de inundaciones.