El informe de la Abogacía de la Generalitat sobre la nueva ley de función pública refuerza la posición de Compromís respecto a la regulación legal del requisito lingüístico, pero complica el pacto alcanzado en el seno del bipartito que permitió desatascar el conflicto. De ahí que ayer desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Gabriela Bravo (PSPV), se asegurara que el documento jurídico será estudiado, aunque se recordó que el informe no es vinculante.
Tal como avanzó ayer Levante-EMV, la opinión de la Abogacía podría traer consecuencias ya que, de seguir sus indicaciones, el bipartito tendría que ponerse de nuevo de acuerdo para consensuar el texto legal. No parece que sea la intención ni del departamento de Bravo ni del conseller Vicent Marzà, el interlocutor de Compromís en esta negociación.
Bravo y Marzà llegaron a un acuerdo para que el conocimiento del valenciano fuera requisito de acceso para ser funcionario con un plazo máximo de seis meses para fijar los detalles en un reglamento. Como cláusula «preventiva», Bravo aceptó que si el desarrollo reglamentario no existía en un año, la Generalitat comenzaría a exigir ya el valenciano en las oposiciones: el mitjà para los grupos A y el elemental, para el resto.
La Abogacía, sin embargo, piensa que esta regulación debe aparecer ya en en el articulado de la ley y cita sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que los requisitos de acceso son materia reservada a la ley.
Pero esto obliga a llegar a un acuerdo nuevo. Para Compromís, la solución pasa por introducir la disposición transitoria en el artículado, si bien esta medida es inaceptable para sindicatos como UGT y CC OO que, ya en su día, acataron los cambios con la boca pequeña y con el anuncio de que intentarían rebajar la exigencia de la capacitación linguística en el reglamento.
La batalla se abre de nuevo y amenaza con volver a bloquear la ley. De ahí que, aunque Compromís defendió desde el inicio que el requisito quedara blindado en la ley, prefiriría ahora no explotar el informe de la Abogacía ya que, si aprieta más, podría salir perdiendo.
Inspiración balear
Por otro lado, desde la Conselleria de Justicia también se apunta que la fórmula consensuada se inspira en la ley balear y esta no fue tumbada por el Constitucional. En función de este punto de vista, creen que hay precedentes y podrían obviarse las pegas jurídicas.
Sin embargo, lo cierto es que el informe de la Abogacía puede ser una base para que colectivos que quedaron fuera del acuerdo político (CSIF, por ejemplo) lo recurran. Además, falta aún el informe del Consell Jurídic Consultiu.
Acció Cultural del País Valencià valoró el informe de la Abogacía de la Generalitat al entender que reafirma sus tesis, pero también optó por la prudencia y no exigió cambiar la ley.
